Podemos-Equo aspira a habilitar más de 5.000 viviendas de uso público repartidas por todo el territorio aragonés. Una medida que quiere impulsar desde el Gobierno de Aragón pero que va de la mano del Ayuntamiento de Zaragoza y que no solo se limita a la adquisición de inmuebles. Irá acompañada de un plan de rehabilitación que a su vez crearía puestos de trabajo, y que, además, permitirá controlar el constante incremento del precio de los alquileres por una mera cuestión de oferta y demanda.
Las políticas de vivienda centran gran parte de los programas de los partidos. La crisis económica y sus consecuencias, con un goteo de desahucios, no ha pasado desapercibida. Ahora el coste del arrendamiento que, en algunas ciudades es desorbitado, hace casi imposible que los jóvenes puedan emanciparse a edades tempranas.
Las candidatas de la formación morada a la DGA y del ayuntamiento, Maru Díaz y Violeta Barba respectivamente, volvieron a compartir escenario y propuesta, siguiendo con esa idea de que ambas administraciones tienen que ir en bloque, de la mano, algo que no ha venido sucediendo.
Para Díaz es vital que se lleve a cabo una ley de vivienda «seria», puesto que la que propuso el Gobierno de Pedro Sánchez «se quedó en el tintero porque se trajo fuera de tiempo», recordó.
Esta normativa tendría que regular, a su vez, los precios del alquiler y desarrollar un parque de vivienda pública con más de 5.000 viviendas distribuidas por todo el territorio aragonés, explicó la candidata a la Presidencia de Aragón.
REHABILITACIÓN
Aunque destacó que la escasez de pisos públicos y el disparatado precio de los alquileres se concentra en la capital aragonesa, no es un problema ajeno al medio rural. «Afecta a la despoblación, porque es muy difícil que alguien se pueda trasladar a un pueblo si hay falta de vivienda para poder alquilar y poder probar si le interesa poder vivir allí», añadió.
La rehabilitación es otro de los pilares fuertes de la propuesta de Podemos-?Equo al tratarse del único modo de convertir los inmuebles más antiguos en pisos «dignos» y evitar que se transforme en «cárceles donde la gente mayor no puede salir de sus casas».
En este sentido, Díaz hizo referencia a los beneficios laborales que arrastraría esta medida, dado que se crearían un gran número de puestos de trabajo. Otros 5.000 y así, como dijo Díaz, «matamos dos pájaros de un tiro». O lo que es lo mismo: «apostamos por el derecho a la vivienda, cumplimos la ley de cambio climático y aseguramos que las viviendas no sean cárceles para nuestros mayores», matizó.
