Muchas plataformas ciudadanos han salido a la calle en los últimos meses para protestar por el Impuesto de Sucesiones, que consideran injusto y desproporcionado. Este impuesto recae sobre las personas que reciben una herencia. Como su capacidad económica se incrementa al recibir esta herencia, deben pagar el impuesto.

Carmen Trueba y Miguel Ángel Barberán han realizado un estudio de este impuesto en Aragón y una de sus principales conclusiones es que el 90% de las transmisiones patrimoniales que se producen en la comunidad están exentas del pago del Impuesto de Sucesiones. Para Barberán, «resulta curioso como es un impuesto que afecta a muy pocos y, sin embargo, esos pocos han conseguido que se generalice un gran rechazo en toda la sociedad».

En realidad, apunta Trueba, «la mayor parte del dinero que los ciudadanos pagan cuando se transmite una propiedad no es por este impuesto, sino por los gastos que conlleva la transferencia de esa propiedad, cuya titularidad viene respaldada por unas normas jurídicas».

No obstante, ambos expertos entienden el malestar social que genera, que es un impuesto «muy farragoso y difícil de entender», que se exige en un momento delicado para las personas como es la pérdida de un ser querido y que no es proporcional, es decir, «el porcentaje a pagar aumenta mucho conforme mayor es la cuantía de lo que se recibe».

Los profesores universitarios consideran necesario reformar, que no eliminar, este tributo, ya que actualmente existen muchas diferencias entre comunidades autónomas, que son las encargadas de recaudarlo.