El coste medio de una película española es de 2,6 millones de euros, mientras que el de una película norteamericana media es de 103 millones de dólares. Sólo en lanzamiento publicitario esta película americana gastará 39 millones de euros, que es más de lo que se gasta el Gobierno español para todo el cine. Este fue uno de los datos puestos ayer sobre la primera mesa redonda del Congreso sobre la diversidad cultural en Zaragoza, centrada en el tema: Las industrias culturales frente a la convención de la Unesco . Lo suministró la directora general de la Federación de Asociaciones de Productos Audiovisuales españoles, Fabia Buenaventura, quien señaló que "no podemos acceder al cine español en buenas condiciones" y abogó por la adopción de medidas protectoras al cine "no sólo español, sino al comunitario".

Por su parte, el director ejecutivo de la Fundación Interarts, Ramón Cosialls, señaló que en Cataluña se ha puesto en marcha "un modelo de microcréditos para empeños creativos", y observó que "hasta ahora hablar de desarrollo era hablar sólo de economía", lo que se traduce, dijo en "un déficit de políticas creativas, no sólo en el ministerio, sino en las industrias". Se preguntó sobre quién estaría dispuesto a financiarlo, cuando "el sector financiero usa un lenguaje y el creativo, otro", por lo que habría que replantear las cosas y "entender la cultura no como gasto, sino como inversión".

Para el director de la Federación de Gremios de Editores de España, Antonio María Avila, señaló que el del libro es "el sector más internacionalizado de la economía española" y señaló: "necesitamos ua buena legislación sobre propiedad intelectual, porque aquí la violan hasta las instituciones públicas". Agregó que en Latinoamérica la piratería está en manos de redes del narcotráfico y de trata de blancas. "Defendemos la libre circulación de las mercancías y de las ideas. Eso tiene que estar en el texto de la ley".

El profesor de Economía Aplicada en Barcelona, Lluis Bonet, señaló que el marco aprobado por la OMC hace diez años en Uruguay (no se puede negar a negociar con extranjeros, no se puede aumentar la protección a la producción nacional) era un marco regulador justo, "en la suposición falsa de que viviéramos en un mundo simétrico"