Lleva el calendario de la corrupción en España una década sin apenas festivos, con la maquinaría policial y judicial reuniendo indicios, sumando causas y destapando escándalos, ante una ciudadanía impávida que transita de la indignación a la desafección, y vuelta a empezar. Anteayer sorprendían la operación Malaya con el famoseo marbellí; ayer el caso Noos, con infanta incluida, hoy los Púnica, Gürtel, Eres, Lezo, Pujol... Estos dos últimos asuntos acaban de llevar a un expresidente autonómico, el madrileño Ignacio González, y al hijo de otro, el catalán Jordi Pujol Ferrusola, a pasar unos días en la sombra mientras sus partidos políticos pierden credibilidad, el PP de omnímoda representación de la derecha española y el PdeCat, que en su día fue lo mismo en Cataluña. Ambos comparten cárcel --sería chusco que además compartieran celda-- en Soto del Real: todo un derbi penitenciario.
Hace tiempo que la corrupción dejó de ser un suceso para convertirse en un proceso, un problema acuciante para los españoles, al nivel de la crisis económica, el paro o la merma de calidad de los servicios públicos. Un fenómeno, el de las conductas desviadas y los comportamientos delictivos en el ejercicio del poder, coincidente con la poderosa herramienta de popularización de contenidos proporcionada por las tecnologías de la comunicación, con internet, sus redes sociales, sus buscadores y sus algoritmos... La consecuencia es evidente: en un ambiente tóxico, ponzoñoso, el verdadero y casi único agente clarificador es la información. Pero para informar con precisión se necesitan conocimiento de causa, recursos, método y, sobre todo, sapiencia para utilizar estos componentes. De esto va el libro Noticias, las justas, que el periodista Sergio Martín, cara visible de los Desayunos de TVE y anterior director del canal 24 Horas del ente público, presentó ayer en Zaragoza, en un debate con el también periodista Jaime Armengol, director de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, y con el jurista Carlos Carnicer, presidente durante los últimos quince años del Consejo General de la Abogacía de España.
Noticias, las justas es una compilación de textos realizados por cinco autores además del escrito por el propio Sergio Martín, coordinador del trabajo. Se trata de las periodistas María Eizaguirre y Almudena Vigil, de los divulgadores América Valenzuela y Enrique Dans, especialistas en ciencia y tecnología, respectivamente, y del profesor de Derecho Alberto Palomar. El periodista zamorano, en el opúsculo que abre el libro, titulado Es la comunicación, estúpido: una tensión no resuelta, aboga por que los redactores de información sean capaces de comunicar, sea cual sea el contenido, manejando diferentes lenguajes y formatos. E invoca un gran pacto por la comunicación: «Los periodistas y los comunicadores (que no es lo mismo) deben apoyarse en expertos para contar bien sus historias, permitir que profesionales de otros ámbitos colaboren en el bien común de entender y ayudar a entender la realidad. Y de igual modo, que estos expertos asuman el riesgo de divulgar, de estar presentes en los medios, a pesar de todos los peligros que la tarea conlleva».
Con este precepto, en los sucesivos apartados de la monografía, los coautores profundizan en el marco general de la información y sus límites, con capítulo especial para la llamada «pena del telediario», entendida como la sobreexposición mediática de imputados por corrupción. Para María Eizaguirre, encargada de profundizar en ese fenómeno expiatorio de culpas previsibles, se trata de una pena «discriminatoria, porque afecta en mayor medida a los rostros populares, e injusta, porque castiga por igual al inocente que al que no lo es». Una afirmación para el debate.
Valenzuela y Dans, por su parte, abren sugerentes reflexiones acerca de las responsabilidades judiciales de las máquinas, que en el fondo forman parte del proceso de valoración informativa, o del derecho al olvido, preguntándose cómo debe adaptarse la justicia a una sociedad en red (volátil, incierta, compleja y ambigua) donde las fronteras o las meras cortapisas físicas son mucho más etéreas. Vigil, por su parte, lanza preguntas tan sugerentes como si puede considerarse que hay justicia sin que los ciudadanos que acuden ante ella la comprendan. Por más que en derecho se dé por sentado que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, no deja de ser cierto que según datos del propio Consejo General del Poder Judicial, ocho de cada diez ciudadanos que han entrado en contacto con la Justicia no ha comprendido bien lo que han leído u oído.
El libro editado por Wolters Kluwer dio ayer para esto y para mucho más. En las manos del lector queda escrutarlo, con la seguridad de que el material y la seriedad con la que se ha abordado dan para una segunda parte.
