La Diputación Provincial de Zaragoza, propietaria del coso de La Misericordia, ha decidido aplazar el acto público de apertura de ofertas para la adjudicación de la explotación del coso por los años 2018/2021 que estaba previsto para el próximo lunes día 26 de febrero. La medida ha sobrevenido de modo forzado tras la presentación por Fernando Polo (uno de los licitadores, como administrador único de Kranebitten 1976, SL) de un escrito en el que pide la impugnación de otra de las ofertas, la UTE formada por Tauroejea y Circuitos Taurinos.

Es esta última mercantil la que ocasiona un conflicto jurídico/administrativo que afecta de forma multilateral al proceso. Primero, porque hay que determinar quien puede ostentar su representación y por tanto atribuirse la solvencia artística que requiere el pliego de condiciones; segundo, si además de Carlos Zúñiga hijo, que se proclama administrador, puede acreditar la titularidad de su cargo en dicha mercantil; tercero, si su padre Carlos Zúñiga (en la órbita de las otras tres empresas candidatas) puede refrendar que es él y no su hijo el titular y, en su defecto, en caso negativo, si puede respaldar su ejecutoria taurina con otra sociedad.

Se antoja pues, que hasta que dichos extremos no tengan una base jurídica firme, el concurso encalla irremisiblemente pues Zúñiga anunció el pasado martes que emprenderá acciones legales contra su hijo por usar el nombre Circuitos Taurinos.

Pudiera darse la circunstancia de que el proceso para asignar gestor al coso siguiera su curso atendiendo la razón de una de las partes y se adjudicara la explotación con el consiguiente riesgo de que los tribunales fallaran en contrario de dicho criterio en un futuro y hubiera que resolver la adjudicación con la consiguiente restitución a la oferta perjudicada y su indemnización por lucro cesante. Esos hipotéticos y enrevesados escenarios pueden resultar de por sí estrambóticos pero no descartables.

La plaza de toros de La Misericordia de Zaragoza sale a concurso por un periodo de cuatro años -sin opción a prórroga-, con un canon mínimo de 150.000 euros y con un máximo de 300.000 euros.