Los servicios jurídicos de la Diputación Provincial de Zaragoza se encuentran inmersos en una frenética carrera contra el reloj para hallar una fórmula que pueda ofrecer garantías en relación a la adjudicación de la plaza de toros de La Misericordia para la próxima feria taurina del Pilar. Es tan urgente y complicado el envite que en la actualidad ni siquiera se piensa en la redacción de un pliego de condiciones de cara a un contrato posterior por varias temporadas. El objetivo perentorio es salvar la programación pilarista.

La reciente resolución del Tribunal Adminstrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) por el que daba la razón a la demandante Kranebitten 1976 SL, anulando la adjudicación a la UTE Tauroejea / Circuitos Taurinos el 16 de abril pasado ha dejado al coso sin empresa y, por tanto, ha colocado toda la presión sobre la corporación provincial.

Con la aplicación de la reciente nueva Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) se restringen muy notablemente el ámbito de actuación y los procedimientos. A pesar de ello, desde la institución se manejan varias alternativas pero inmediatamente se exponen los inconvenientes que cada una de ellas lleva aparejados. Sí está claro que hay que recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Aragón la resolución del TACPA que ha anulado la concesión, pero hasta dicha circunstancia se aventura conflictiva conjeturando posibles consecuencias. Inviable legalmente la gestión directa; imposible plantear un contrato de servicios y suministros cuyo valor estimado según la LCSP ha de ser inferior a 15.000 euros; fuera del marco legal la cesión a una entidad para tal explotación temporal... Muchas son las posibilidades que se antojan descartables.

A los grandes nubarrones que sobrevuelan se suma otro no menos importante: los festejos populares. Si en principio éstos iban indisolublemente ligados (y así debe ser) a la programación de los festejos mayores también hay voces que proponen, al menos de cara al Pilar, desvincularlos del contrato para intentar dividir para ganar. Se proponen fórmulas, algunas descabelladas. Pero lo imperioso es someterse a la ley. No hay otra vía. Igual que los recursos han servido para tumbar una adjudicación, la ley ha de servir para afianzar la normalización de un proceso de adjudicación que, desde hace más tres décadas, ha estado emponzoñado en cada convocatoria convirtiendo el salón de plenos en un ring entre licitadores aunque luego -hoy parece que también- incluso se piden árnica entre sí en el sombrío pasillo de los vestuarios. Entretanto, la DPZ en jaque y una ciudad entera, en ascuas.