Tanto la Fiscalía como la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) formalizaron ayer los cargos de malversación de fondos públicos y blanqueo de capitales que imputan al exdirector del área de Cultura de la institución, Alfredo Romero, en un proceso que será enjuiciado por un tribunal popular en la Audiencia Provincial dentro de unos meses.
Le acusan de haber sustraído de las arcas de la corporación provincial alrededor de 150.000 euros procedentes de la venta de los catálogos de las exposiciones que el área de Cultura organizaba en el Palacio de Sástago. Romero manejó esas cantidades, según señala una reciente resolución la jueza que ha tramitado la causa --María José Bello, titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Zaragoza--, al margen de los órganos de control y fiscalización de la DPZ.
Según las pesquisas desarrolladas por el Grupo de Blanqueo del Cuerpo Nacional de Policía, el grueso de ese dinero fue utilizado por Romero y su esposa para, tras pasar por las cuentas bancarias que ellos controlaban, financiar la adquisición de una casa en Fuendetodos y su posterior rehabilitación.
LA ESPOSA El hecho de que el edificio esté a nombre de Romero y de su esposa, así como el hecho de que ambos figuraran como titulares en las cuentas por las que pasaron los fondos, presuntamente saqueados en la Diputación Provincial, ha hecho que tanto la DPZ como la Fiscalía imputen también a esta última la comisión de un delito de blanqueo de capitales, consistente en reintroducir en los circuitos legales fondos adquiridos de manera delictiva.
La defensa de ambos, por su parte, avanzó ayer que solicitará su absolución al entender que no cometieron ningún delito y que el dinero procede de actividades legales.
Las partes concretaron sus posturas en la llamada vista preliminar que contempla la Ley del Jurado, celebrada ayer en el Juzgado de Instrucción número 10 de Zaragoza, en la que también solicitaron a la magistrada que autorice la práctica de varias pruebas.
Así, la Fiscalía solicitó a la jueza que oficie a la Tesorería General de la Seguridad Social para que emita un informe sobre los ingresos de origen laboral que los dos acusados han tenido en los últimos años.
Por su parte, la defensa avanzó que encargará la elaboración de un informe pericial, elaborado por un economista, con el objetivo de demostrar que por las cuentas bancarias de Romero y de su esposa no circularon fondos de origen delictivo.
Romero fue denunciado por la Diputación Provincial tras haber detectado una auditoría posibles desfases en las cuentas del Área de Cultura que este había dirigido en las dos últimas legislaturas.
