El teniente de alcalde de Urbanismo, Antonio Gaspar declaró ayer a este diario que las actuaciones que se llevan a cabo ahora sobre diferentes establecimientos derivan de expedientes iniciados en años anteriores y aseguró que "en este momento se están centrando las inspecciones sólo en los locales sobre los que se plantean denuncias vecinales". Gaspar se mostró partidario de buscar un equilibrio entre todas las partes, "dado que existen conflictos de intereses muy fuertes". Señaló que ante el vacío creado por la ausencia de una normativa autonómica sobre el tema el municipio tiene que aplicar la ley Corcuera de Seguridad Ciudadana.
Al ayuntamiento llegan propuestas de hosteleros que piden eliminar todas las limitaciones y zonas saturadas establecidas en 1995, a la vez que firmas de colectivos vecinales que plantean crear más zonas saturadas. Antonio Gaspar declaró que en casos concretos, se plantea el problema de cómo establecer excepciones, y llamó a un amplio debate en el que estén todas las partes
El abogado Alvaro Bajén planteó al ayuntamiento otorgar con efectos retroactivos la licencia de actividad solicitada antes de 1995 por La Campana de los Perdidos, cuando se declararon las zonas saturadas. Y como secretario de la Unión Provincial de Trabajadores Autónomos (UPTA), vinculada a UGT, propuso una modificación de la norma, alegando que se ha quedado desfasada "por no distinguir unas situaciones de otras". Igualmente se manifestó hace más de un año la Asociación de Cafés y Bares, indicando que "la ordenanza de ruidos, lo mismo que la ley de seguridad ciudadana se sigue aplicando a locales que no lo merecen y no lo aplica a los que lo merecen".
