El consejero de Agricultura ha disuelto finalmente el Consejo Regulador de la DOP Jamón de Teruel y ha nombrado una gestora, que deberá pacificar el ambiente, y convocar elecciones. Que la importante y decisiva industria turolense se encontraba dividida en dos fracciones al parecer irreconciliables era un secreto a voces en el sector. Si bien por diferentes razones no ha saltado a la luz pública hasta hace poco.
Con ser grave el daño que se provoca a un sector que ha sufrido la crisis con más virulencia que otros del sector agroalimentario --la profusión de supuestos jamones ibéricos de los últimos años no ha sido ajena a la misma--, quizá lo sea más el poner de manifiesto la incapacidad de los miembros de la DOP para llegar a una solución consensuada, que siempre se puede encontrar.
Y deprime comprobar cómo unos instrumentos creados para la reglamentación y puesta en valor de los productos diferenciados aragoneses --un valor seguro de desarrollo sostenible--, acaban cerca de los tribunales. O, en otros casos, subsisten en una apatía que casi los incapacita para sus funciones legales.
Probablemente por un excesivo dirigismo desde la administración a la hora de su puesta en marcha de determinadas denominaciones de origen, que no surgen desde la base, nos encontramos ahora con organismos, sí no inútiles, sí vacíos de gran parte de su contenido, salvando el de controlar la producción. Con la general excepción de las DOP vinícolas. Pues las denominaciones, su sentido primordial, además de la protección y control, reside en vender en los mercados exteriores, publicitar sus excelencias más allá, antes que centrarse en el mercado interior, al que no hay que desatender.
Y ya sabemos que el proceso supone un sobreprecio. Pero seguro que usted, si puede, no deja de comprar queso parmesano por mucho que sepa que allá en Parma está algún euro más barato.
