La empresa Kranebitten 1976, SL, que participó en el concurso para la explotación de la plaza de toros de Zaragoza para la presente y tres temporadas más --no resultando finalmente adjudicataria--, remitió ayer un burofax al presidente de la Diputación de Zaragoza denunciando una serie de irregularidades con respecto a los precios de los abonos.

En su escrito, hace constar que puede comprobarse que una vez aplicada la reducción en el precio de las localidades para aficionados (1,00 %) establecido en la oferta de la UTE adjudicataria, al realizar la suma de todas las localidades y aplicar el 25,00 %, los precios de los abonos experimentan un desfase al alza que cifran en 8,33 euros el más cuantioso (barrera de los tendidos 1-2-3-8) siendo la media de dicho desajuste de 4,18 euros.

De resultar el diagnóstico acertado, la Diputación estaría en la obligación de paralizar la venta del abono y autorizar de nuevo la misma con los guarismos que defiende la recurrente Kranebitten. Todo ello comportaría que los adquirentes del mismo se vieran obligados de nuevo a pasar por las taquillas oficiales para recuperar su diferencia, a retimbrar el billetaje autentificándolo a efectos de seguridad, etc. y que se abriera un nuevo periodo de venta. Hay que recordar que la preferia comienza el próximo fin de semana con los dos primeros festejos.

Mientras desde la corporación provincial no se han producido reacciones. Las taquillas de la plaza de toros de La Misericordia seguían ayer abiertas al público con toda normalidad. La UTE formada por Circuitos taurinos y TauroEjea 2009, adjudicataria del contrato, no alteró su programa de plazos para la venta de abonos.

Habrá que esperar por tanto a la respuesta de la DPZ al burofax para conocer las medidas que adopta. En cualquier caso, del conflicto se derivarían dos vertientes: de una parte, los poseedores de su abono reclamarían o no cantidades (que por ser poco significativas podrían desechar en beneficio de la empresa), pero por otro, se haría patente un incumplimiento de contrato que podría conllevar distintas penalidades, incluso la rescisión del contrato.

OPERATIVA Y CONSECUENCIAS

Pero el conflicto genera todavía más incertidumbres ya que, como consecuencia de la supuesta irregularidad en los precios, Kranebitten sostiene que, habiéndose producido un empate --resuelto en su día por sorteo- entre la UTE finalmente adjudicataria y Castejón abogados, SL, dicha alteración de precios modificaría las puntuaciones. Así, de acuerdo con el baremo establecido por el pliego, esta última resultaría adjudicataria.

Finalmente, en términos muy explícitos y rotundos, se requiere al presidente Sánchez Quero «que modifique inmediatamente los precios actuales o bien rescinda de manera inmediata el contrato por flagrante incumplimiento de la oferta económica». Advierte además, muy determinante, el artículo del Código Penal referente a la prevaricación. Todo un desafío en medio de un mar de recursos.