El Partido Popular denunció ayer que la falta de previsión de la Diputación de Zaragoza dejará a la capital aragonesa sin la feria taurina de San Jorge por primera vez en décadas. Los populares lamentaron este nuevo varapalo a los amantes de la tauromaquia y las importantes pérdidas económicas que va a causar en el sector y en la hostelería, denunciaron en un comunicado. Aunque en el mismo reconocen que la Diputación Provincial aún no ha comunicado oficialmente la cancelación, que se ha conocido a través de los medios de comunicación, el próximo 23 de abril la plaza de toros de La Misericordia de Zaragoza no abrirá sus puertas.

CINCO MESES DESPUÉS / En la denuncia, el PP recuerda que la DPZ anunció el pasado mes de noviembre que no prorrogaría el contrato con los anteriores adjudicatarios y aunque han surgido desde entonces contratiempos legales que han complicado el proceso consideran que es difícil comprender que esta decisión haya causado la cancelación de la feria casi cinco meses después.

Los populares consideran que la institución debió haber iniciado antes la licitación y que tenía que haber previsto que el proceso podría dilatarse. «Los recursos que se han interpuesto al pliego de condiciones son posibles y están dentro de lo que la ley permite para los concursos que licitan las administraciones públicas, al margen de que tengan fundamento o no lo tengan», recuerdan. Pero, una vez que fue patente que había faltado esta previsión y la situación fue insalvable, el grupo popular no entiende que el presidente de la institución, Juan Antonio Sánchez Quero, no tomara decisiones que hubieran librado a empresarios, toreros y aficionados de una enorme incertidumbre. «En el último pleno que celebramos, el 14 de marzo, preguntamos expresamente por la celebración de la feria, pero el equipo de gobierno se mostró muy confiado en que daría tiempo para adjudicar la gestión del coso», comenta el portavoz popular en la institución, Francisco Artajona.

«Sin embargo, visto lo que ha sucedido, lo responsable hubiera sido ser realista con la situación y asumir las responsabilidades con transparencia y sin crear tanta preocupación», añade.

Por todo ello, los populares lamentan que la Diputación Provincial de Zaragoza, propietaria de la plaza, no haya sido capaz de evitar esta cancelación o, al menos, de paliar sus consecuencias.