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nueva polémica en la sociedad general de autores y editores

La SGAE denuncia a Sabina, Alejandro Sanz y otros socios

La entidad demanda por presunto fraude fiscal a empresas vinculadas a varios artistas

 

Alejandro Sanz, propietario de la empresa Gazul. - juan manuel prats.

Joaquín Sabina es dueño de la empresa El Pan de Mis Niñas. - FERRAN SENDRA

NANDO CRUZ eparagon@elperiodico.com BARCELONA
19/01/2019

Nadie dijo que en la lucha por el control de la SGAE imperase el fair play y el respeto al contrincante, pero si alguien aún se resistía a hablar de guerra sucia, el último capítulo de tan truculento culebrón se lo pone francamente difícil. La Sociedad General de Autores y Editores denunció ante la Fiscalía de Delitos Económicos la existencia de un entramado de sociedades que habrían permitido a numerosos artistas eludir el pago de sus impuestos derivados de sus ingresos por derechos de autor. Entre ellos estarían, según El Mundo, Joaquín Sabina, Alejandro Sanz y Pau Donés, de Jarabe de Palo.

Horas después, la SGAE emitía un comunicado en el que negaba haber «denunciado a sus socios Alejandro Sanz, Joaquín Sabina y Pau Donés», sino a «personas jurídicas que son socias de la entidad». El matiz es significativo porque sonaría extraño que una sociedad nacida para defender a los autores asociados los denuncie, pero no deja de ser eso: un matiz. Estas «personas jurídicas» serían, entre otras, empresas como Gazul (de Sanz), El Pan de Mis Niñas (de Sabina) y Tronco (de Donés). Así lo desvela el artículo de El Mundo, un extremo que desde la SGAE no confirman, pero tampoco desmienten.

¿POR QUÉ AHORA?/ El presunto fraude sería que a través de las empresas de estos y muchos otros artistas, y en alianza con las editoriales multinacionales que gestionan los derechos de cientos de artistas más, se habría creado una trama para evadir impuestos. El primero en reaccionar fue Pau Donés, que en un comunicado aseguró que lo que se denuncia es «un sistema de gestión y cobro de derechos de autor instrumentado y consensuado por la propia SGAE, editoriales y artistas en total conformidad con los reglamentos que regían y rigen la entidad». También se pone a disposición de la ley para aclarar y resolver lo que él calificó como «una patraña del señor Hevia y sus secuaces» y alude a los problemas de la entidad, con «dos juntas corruptas en manos de las televisiones privadas» que la habrían «expoliado» a través de la llamada Rueda.

La pregunta es: ¿por qué se denuncia ahora? Warner Chapell es una de las editoriales más beligerantes contra la actual junta y las cadenas televisivas. Desde sus cuarteles se coordinó la candidatura de artistas que al final se retiró de las elecciones de octubre. Y la denuncia salpica de lleno a Warner. Pero queda otra pregunta: ¿por qué la junta de Fernández Sastrón no denunció nada si el informe que destapó las presuntas irregularidades se elaboró durante su mandato? La decisión de denunciar ha sido tomada por unanimidad por el Consejo de Dirección, lo cual implica que hasta los colegios de dramaturgia y audiovisuales consideraban que lo sensato era poner el caso en manos de la ley. Pero eso no impide sospechar que solo es una maniobra más en la lucha entre las editoriales de discográficas y las de televisiones por el control de la entidad. Una guerra que está lejos de acabar.

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