Ni la campaña por internet, ni las trabas para ejercer el voto electrónico, ni las amenazas de que un no podría hundir a la SGAE han sido suficientes para que la junta de José Ángel Hevia haya podido aprobar los nuevos estatutos que exigió el Ministerio de Cultura y que darían un respiro a la entidad. La derrota ha sido ajustada. Hacían falta dos tercios de los votos y han obtenido el 58%: 13.074 votos a favor frente a 9.220 en contra y 242 abstenciones. El resultado deja la pelota en el tejado de José Guirao que, una vez cumplido el plazo que dio a la SGAE para adaptar sus estatutos a la normativa europea y de constituir una junta elegida en unas elecciones en las que el voto electrónico fuese legal (cosa que aún no ha sucedido), deberá decidir si interviene la entidad o no.
Lo de ayer fue un sabotaje en toda regla. Uno de tantos que ha vivido la entidad en los últimos años. Por lógica, estas modificaciones de los estatutos eran beneficiosas para los socios, pues dotarían de mayor transparencia a la entidad y aumentarían los mecanismos de control. No obstante, la asamblea se había convertido en un examen para la junta de Hevia. Aprobar sus estatutos significaba darle un voto de confianza. Tumbarlos era una manera de forzar su caída dando más argumentos aún al gobierno para intervenir la entidad. Los socios han dinamitado la SGAE por solo un 8% de votos. La diferencia es tan ajustada que probablemente el controvertido voto electrónico haya sido crucial.
FUERZAS MUY AJUSTADAS
En la asamblea sí se ha aprobó la modificación del reparto de ingresos que impondrá el Congreso y que limitará al 20% la cantidad de dinero que las televisiones pueden recuperar a través de los programas musicales que emiten de madrugada. Sin embargo, también se rechazó el reparto de ingresos que se hizo en diciembre y que no contemplaba aún esta limitación del 20%.
La victoria del no, por 11.617 votos por 9.870 síes, da la medida de lo ajustadas que están las fuerzas entre los autores alineados con las televisiones y la nueva junta y los autores alineados con las discográficas y que quieren derrocarla.
El panorama a partir de hoy es más incierto que nunca. Habrá que ver si las editoriales de las discográficas multinacionales e independientes inician el proceso de retirada de repertorio nacional para crear una nueva entidad de gestión o para trasladar ese repertorio a una entidad extranjera. También habrá que ver si las multinacionales aplican el 1 de enero la retirada de su repertorio internacional. Y, sobre todo, habrá que ver la reacción del ministerio.
