En el caso de los músicos, la precariedad que asola las profesiones culturales en España desde la irrupción de la crisis lleva incorporado un estribillo que hace mención a las leoninas condiciones laborales en las que trabajan muchos artistas, sobre todo aquellos cuyos cachés se sitúan en la franja salarial más baja. A menudo, a los famélicos ingresos que reciben por actuar, que en ocasiones apenas dan para cubrir gastos, se añade el dilema de elegir entre ofrecer conciertos piratas y sin contrato, cometiendo una ilegalidad, o hacerse pasar por falsos autónomos, lo que tampoco hace justicia a su realidad laboral.
La industria del directo brinda con cava estos días. La Asociación de Promotores Musicales, que reúne a las 74 mayores empresas del sector y concentra el 80% de la facturación nacional, acaba de presentar el Anuario de la Música en Vivo del 2018, en el que sacan pecho de un dato histórico: el año pasado ganaron 334 millones de euros, batiendo todos los récords de venta de entradas a conciertos y festivales en España. Engordada por el taquillaje que aportaron los grandes festivales y los artistas internacionales que visitaron nuestro país, esa cifra no dice nada sobre la realidad que padecen los músicos más modestos debido a la costumbre, instalada desde hace décadas entre los promotores y los dueños de las salas, de obligarles a firmar contratos mercantiles para dejarles actuar.
FALSOS AUTÓNOMOS
Si un actor acude un día al estudio de grabación de una teleserie, la productora le contrata como empleado por cuenta ajena para esa jornada y se hace cargo de su cotización y su seguridad. «Sin embargo, en el caso de los músicos, lo habitual es que las empresas que nos fichan para actuar en directo nos exijan hacernos autónomos», denuncia Adriano Galante, voz y guitarra del grupo Seward y miembro de uno de los sindicatos de músicos que hay en nuestro país. Las consecuencias no solo son económicas; también legales: «Si me cae un foco encima mientras canto o sufro un accidente montando los instrumentos, la responsabilidad es mía, no del contratista», advierte Galante.
En la práctica, la mayoría de los artistas y grupos con caché bajo, a quienes resulta ruinoso darse de alta como autónomos y pagar la cuota de la Seguridad Social, acaba optando por pedir favores y facturar a través de amigos o, directamente, actúan sin contrato y cobran en negro.
También existe la posibilidad de denunciar. «Los sindicatos animamos a hacerlo, porque la ley de 1987 obliga a los promotores y dueños de salas a ofrecer contratos laborales a los músicos, no mercantiles. Una inspección de Trabajo es suficiente para que les expedienten y ganemos el caso en el juzgado», señala David Arístegui, de la sección de música de CNT, quien tiene una opinión muy crítica del negocio de la escena musical en directo en nuestro país. «Si te limitas a reclamar, el argumento que te dan los empresarios suele ser: ‘es la costumbre, todo el mundo hace lo mismo’. La música en vivo en España está montada sobre una ilegalidad», opina el propio Arístegui.
En Zaragoza, de hecho, hace tres años, durante el año 2016, Trabajo se puso firme y realizó una serie de inspecciones a los locales en relación con sus actuaciones en directo lo que provocó una cascada de multas que muchos establecimientos no pudieron asumir. Fue el caso de La campana de los perdidos, histórico local establecido en la calle Prudencio, que tuvo que afrontar una multa de 12.000 euros lo que provocó que los anteriores propietarios traspasaran el local. «Éramos conscientes de que podíamos tener este problema y nosotros estamos dispuestos a pagar los 12 o 13 euros de dar de alta a la Seguridad Social a un músico un día pero lo que no podemos hacer es liarnos con toda la burocracia, dar de alta y despedir, porque se dispara el precio. Les dijimos que no hay una relación laboral porque muchos tocan como amigos y apenas se llevan la taquilla por lo que es el público el que les paga y no la sala. Ellos insistieron en que había un ánimo de lucro porque su presencia ya permitía vender más copas, por ejemplo. Desde entonces, solo contratamos a autónomos», explicaba entonces el responsable de la sala, José Ángel Rodicio.
