La UTE formada por las mercantiles Tauroejea & Circuitos Taurinos presentó también sus alegaciones al amparo del auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) en el que se rechazaba el recurso de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) contra la anulación del contrato de adjudicación de la referida UTE.
En el escrito, el Tribunal no aprecia la urgencia que indica la corporación provincial para adoptar una medida cautelar de tal relevancia sin oír a las demás partes interesadas en el recurso. Obligaba por tanto a notificar a las empresas participantes en el concurso su derecho a presentar alegaciones en un plazo que concluyó a las 15.00 horas del pasado viernes.
La representación legal de la UTE aportó documentación en la que se pone especial énfasis en la cronología de los recursos del bloque Ignacio Zorita-Fernando Polo (las tres empresas concursantes que no resultaron ganadoras: Castejón Abogados, Medicamp Marketing y Kranebitten 1976), incidiendo especialmente en las fechas de su entrada en Registro, inspirando así la teoría de la obstrucción del procedimiento más que la obtención de un objetivo empresarial como fin último.
En su defensa incide además -en coincidencia con la tesis de DPZ expresada en el recurso ante el TSJA- que se «entiende que no debe considerarse de contenido imposible la licitación por no haberse celebrado el festejo del 23 de abril de 2018. Se trata de una cuestión atinente a la ejecución del contrato y no a la adjudicación del mismo».
El inicial revés de la Sección nº 1 de la Sala de lo contencioso-administrativo del TSJA a la institución provincial tendrá su próximo capítulo en torno a la mitad de la semana próxima ya que el auto deja bien patente que una vez sean trasladadas las alegaciones de las partes se llevará a cabo el pronunciamiento del tribunal. Del contenido de su resolución dependerá el próximo movimiento de DPZ que, por el momento, ha optado por guardar un absoluto silencio.
GUERRA SIN CUARTEL // El proceso de adjudicación de la explotación de La Misericordia ha estado envenenado desde su nacimiento. Desde que a mediados de febrero se cerrara el plazo de presentación de ofertas y se conociera la identidad de los cuatro postores se abrió una guerra personal entre los dos bloques, representados por Jesús Mena/Julio Fontecha y Fernando Polo/Ignacio Zorita.
Tras un inaudito empate, la adjudicación se resolvió a favor de Mena/Fontecha junto Carlos Zúñiga hijo mediante sorteo en urna. Antes, el 22 de febrero, la patronal de los empresarios taurinos presidida por Simón Casas (empresario saliente) interpuso un recurso al que siguió otro del 26 de febrero contra Carlos Zúñiga. El Decreto de la Presidencia número 974 de 16 de abril de 2018 ratificó la adjudicación.
El 9 de mayo Fernando Polo interpuso recurso contra adjudicación y el 25 de junio volvió a interponer otro otro recurso ante el Tribunal de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) que anuló finalmente el concurso.
