Tras siete años de instrucción, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dado por concluida la investigación de la pieza principal del caso SGAE y ha propuesto juzgar al expresidente de la entidad Eduardo Bautista, conocido como Teddy Bautista, y a otras 10 personas por poner en marcha «una sofisticada estratagema para derivar masivamente fondos» de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). Los peritos cifran los perjuicios sufridos por la entidad en más de 21,5 millones.
El método empleado consistía en que una de sus filiales, la Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE), creada en el año 2000 y a cuyo frente estaba José Luis Rodríguez Neri, asignara arbitrariamente a una de las empresas de este, Microgénesis, decenas de millones de euros para el desarrollo de supuestas soluciones tecnológicas.
El auto de transformación de las diligencias a procedimiento abreviado (que es equivalente al de procesamiento en los sumarios) califica los hechos descritos de delitos de asociación ilícita u organización criminal, falsedad en documento mercantil, administración desleal y apropiación indebida.
El documento, de 129 páginas, relata cómo Bautista, presidente de la SGAE desde 1998, introdujo a Rodríguez Neri y su empresa Microgénesis para abordar líneas de investigación y de desarrollo en el campo de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
SUBCONTRATACIONES
La SDAE debía capitanear la transición de la sociedad de autores en esa dirección, pero «desde el comienzo fue concebida como un mero artificio, sin existencia real, sin actividad propia ni empleados». Su única finalidad era firmar contratos con la SGAE para, el mismo día, firmar otro idéntico con Microgénesis, «burlando el marco estatutario y los mecanismos de control» de la entidad.
Esa contratación «cuasi monopolística», por ser «arbitraria, automática y no sometida a controles», que se prolongó hasta el 2011, fue «inmediatamente aprovechada por la organización de Rodríguez Neri» y su socio, Rafael Ramos Díaz. Rodríguez Neri, su pareja y varios miembros de sus familias y otros investigados se pusieron de acuerdo y bajo la dirección de aquel, con un alto grado de coordinación y distribución de roles (por lo que se les acusa de organización criminal), «activaron un entramado de sociedades alrededor de Microgénesis, que les permitió la distribución y apropiación de los fondos de la SGAE [...], a la que, en sus propios términos, tenían atrapada».
«Mediante estas estructuras societarias interpuestas, armaron un sistema de subcontrataciones entre Microgénesis y tales sociedades, con facturación cruzada entre ellas, que les permitió conseguir unos márgenes de beneficio constantes, con el consiguiente perjuicio también constante para la SGAE, que era la fuente de financiación», subraya el auto. En muchos de los casos se trataba de aparentes negocios mercantiles, donde los contratos eran ficticios o las prestaciones contratadas se realizaban defectuosamente.
Entre el 2001 y el 2011, la SGAE pagó a la SDAE al menos 57.154.984 euros (según datos de Hacienda, aunque serían 71.7 millones de acuerdo con la contabilidad de la propia sociedad de autores). Solo Microgénesis recibió de la SDAE 31.054.784 euros. La SGAE, además, inyectó 10,3 millones a Portal Latino, marca de la que presumían los imputados. Según el juez, fue una inversión prácticamente perdida, porque Bautista procedió a sustituir esa denominación por la de Servicios Autorales y fueron disueltos por los nuevos dirigentes de SGAE en julio del 2012.
