Este lunes, 12 entidades se comprometieron a trabajar para disminuir el desperdicio alimentario, un auténtico problema ambiental, social y económico, con el objetivo de contribuir a construir una sociedad más sostenible y justa.

La Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios del Gobierno de Aragón, junto con Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes), están trabajando para hacer frente a este problema sumando esfuerzos con los diferentes sectores: la sociedad civil, las empresas y las administraciones públicas.

Entre las medidas adoptadas está el Código Aragonés de Buenas Prácticas frente al Desperdicio Alimentario, al que por el momento se han adherido 12 entidades vinculadas a la alimentación y al consumo con el objetivo de trabajar para reducir este grave problema.

Estas entidades son la Alianza Agroalimentaria Aragonesa, la Asociación de Industrias de Alimentación de Aragón, la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución, la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados, la Asociación de Supermercados de Aragón, la Federación de Asociaciones de Detallistas de Mercados, Horeca, la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, la Federación Aragonesa de Solidaridad, el Consejo Aragonés de Consumidores y Usuarios, el Gobierno de Aragón, Ecodes.

Para recoger este compromiso y ofrecer herramientas para trabajar a las diferentes entidades y a los consumidores, se ha puesto en marcha la web Consumoresponsable.org/desperdicioalimentario.

Cada año, un tercio de los alimentos producidos en el mundo para consumo humano no llega a ningún plato. En España se tiran 7,7 millones de toneladas de alimentos al año. De ellas, el 42% proceden de los hogares, de la fase de fabricación, el 39%; de la restauración, el 14%; y de la distribución, el 5%.

El problema es enorme desde el punto de vista ambiental, social y económico. Según la FAO, el coste total de la pérdida y el desperdicio de comida es de mil millones de dólares, alrededor de 700.000 millones en costes ambientales y unos 900.000 millones en costes sociales.