El debate en el Parlamento para reformar una ley que databa de hace seis décadas duró varios años. Las penas eran de máximo un lustro de cárcel, pero la Cámara aprobó el pasado junio aplicar hasta la pena de muerte en los casos en los que «el ataque con ácido tiene la intención de intimidar y crear inseguridad en la sociedad». Una medida que ratificó el Consejo de Guardianes.

Este supuesto es, no obstante, difícil de demostrar y los detalles de la nueva ley no son muy claros. «Este crimen es uno de los más violentos y el castigo, que normalmente no supera los seis o siete años de prisión, no le hace justicia», denuncia el letrado Salimí.

Considera un paso importante que ahora se pueda aplicar cadena perpetua, es decir 25 años de cárcel, pero hace hincapié en un fallo del sistema judicial todavía por resolver: la venta del ácido.

«Para la compra de armas de fuego hay prohibiciones e impedimentos legales pero el ácido, cuyos efectos son muy peligrosos y destructivos, se adquiere con mucha facilidad». Y además por un precio irrisorio, inferior a un euro.

Forutan también hace hincapié en la necesidad de aprobar una ley que limite la compra y venta de este material que, además de usos industriales y caseros, se emplea «como arma para venganzas personales».

Sus datos apuntan a que hay medio centenar de ataques cada año en Irán. Una cifra elevada aunque inferior a la registrada en países como el Reino Unido, donde se produjeron 501 ataques en el 2018, o la India, donde el balance es de entre 300 y 1.000 anuales, de acuerdo a la organización Acid Survivors Trust International.

«Estamos trabajando por los demás, para que estos ataques se reduzcan hasta su erradicación», afirma Mortazaví. «Se puede decir que nos sacrificamos, ya que el cambio de la ley a mí no me va a servir, pero puede que a futuras víctimas le ayude», subraya.