Agotadas

Estas son algunas de las conclusiones a las que llega el informe ‘Los servicios sociales ante la pandemia: más demandas que atender y más retos ante la complejidad’, que analiza cómo están afectando las secuelas de crisis sanitaria a 52 centros de base de seis comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Madrid y País Vasco).

Para obtener un retrato lo más fidedigno posible a la situación real que se vive en toda España, con la selección de los centros a estudiar se ha procurado reflejar la diversidad del país. Los hay de pequeños pueblos, de ciudades intermedias y de capitales de provincia, de distritos obreros y de barrios más pudientes.

Este estudio forma parte del proyecto ‘Monitor de impacto del covid-19 en los servicios sociales’, en el que participan Ana Lucía Hernández, Patricia Eugenia Almaguer y Juan David Gómez, profesores de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza y miembros del grupo de investigación GESES. Junto a ellos, intervienen investigadores de otras cuatro universidades públicas: la Complutense de Madrid, la del País Vasco, la de las Islas Baleares y la de Salamanca.

Los servicios sociales representan la primera línea del sistema del Estado del bienestar y ayudan a construir comunidades saludables. En marzo, los primeros efectos de la pandemia se vieron reflejados en el cierre de los centros de atención a la ciudadanía, así como en la suspensión de cualquier tipo de atención presencial. Esto provocó un gran impacto en sus plantillas, que tuvieron que reinventar sus métodos de trabajo de la noche a la mañana, y todo ello en medio de un vertiginoso incremento de las necesidades de apoyo social.

Actualmente, una progresiva apertura del servicio ha dado lugar a nuevas dinámicas, aunque no se puede hablar de una absoluta vuelta a la normalidad en el servicio. Tras el inicio de la desescalada, los profesionales han podido adaptarse mejor durante estos meses para hacer frente a la crisis sanitaria y socioeconómica. Ya no se vive la situación con la sorpresa de los primeros meses, los equipos se han readaptado y se ha realizado un proceso de cambio que implica nuevas herramientas telemáticas.

Sin embargo, una vez pasada la adrenalina del inicio, hay también mayor desgaste, puesto que la demanda bajó tan solo ligeramente en verano, para dar lugar a un repunte con la llegada del otoño. La presión, sostenida desde hace casi un año, va creando mella en las profesionales.

«Nunca me he sentido tan agobiada con el trabajo. Ahora es abrir el correo y encontrarme con 80 correos pendientes, y eso agobia un poco», comenta una de las trabajadoras sociales entrevistadas para este estudio, que ejerce su labor en una de las capitales aragonesas.

La complejidad que se está viviendo genera un cansancio generalizado entre los trabajadores sociales, que se hace más intenso ante la incógnita de cuánto durará esta situación. Si, en los inicios de la pandemia, la percepción era que esto duraría solo un tiempo breve, a medida que pasan los meses, esa sensación desaparece y se abre un abismo de incertidumbre, que se suma a la fatiga acumulada.

«Estamos agotadas», confiesa una trabajadora social de un municipio madrileño de más de 50.000 habitantes. «La gente pensaba que esto iba durar poco. La carrera sprint que nos dimos va cansando y al final la gente va fallando. No se puede seguir ese ritmo durante tantos meses», añade.

Esa presión sostenida durante tanto tiempo, sobre unos profesionales cuyo nivel de implicación es muy elevado, tiene una base común en todos los territorios analizados: la sensación de sostener un gran deber. Y ello porque se sabe que las personas que acuden a estos centros lo hacen solo cuando ya han visto cerradas otras opciones.

«Te das cuenta de que los servicios sociales, en lugar de ser la primera red, son la última», sostiene una trabajadora social de Baleares. Esto «te crea una sobrerresponsabilidad que te supone un estrés por no dejar a nadie sin atender», apostilla.

La de trabajador social es una profesión que a menudo parte de la vocación y de la empatía. Por ello, cuando han visto que no se llegaban a cubrir las carencias de personas en situaciones de gran necesidad, como ha ocurrido en muchas ocasiones desde marzo, lo han vivido con frustración. «E incluso culpa, porque sentía que no lograba responder a las demandas de las personas», comenta una empleada de los servicios sociales aragoneses.

En cuanto al funcionamiento de los centros, es imposible hablar de una vuelta a la normalidad total. Aunque hayan ido reabriendo poco a poco y en todos ellos se preste atención presencial, siguen contando con numerosas limitaciones, como la imposibilidad de realizar intervención grupal y comunitaria, la recomendación de evitar las visitas domiciliarias o la priorización del seguimiento a las personas usuarias por vía telefónica o por email.

Esto puede traer consecuencias a la hora de valorar situaciones de riesgo. «En una entrevista presencial se puede profundizar más en la raíz del problema, dando lugar a otras posibles dificultades que telefónicamente no se manifiestan y son más difíciles de descubrir», explican desde Andalucía.

El estudio, financiado por el Instituto de la Administración Pública (INAP), seguirá hasta septiembre, realizando un seguimiento detallado de cómo los servicios sociales se están enfrentado a los retos derivados de la pandemia, y dando visibilidad al esfuerzo de sus profesionales. Porque, como cuenta una de ellas desde Aragón, «todo irá a peor, pero vamos a dar la batalla. No hay que aceptar las cosas como están. Las trabajadoras sociales no podemos quedarnos de brazos cruzados, tenemos que estar siempre al lado de los ciudadanos».