Desde que en la Declaración de París (2005) quedó fijado, como uno de sus cinco principios, favorecer la apropiación nacional de las acciones de cooperación internacional por parte de los países en desarrollo, ha habido avances para que este principio de apropiación sea un eje fundamental para mejorar la eficacia de las iniciativas de cooperación.
La Declaración de Accra (2008) matizaba que el principio de apropiación debe incluir al conjunto de actores sociales y no solo a los gobiernos centrales. Y en el Acuerdo de Busan (2011) se trató de concretar el rol de cada uno de los actores locales implicados. Ambos documentos han servido para sentar las bases por las que debe discurrir la apropiación nacional.
Pero esta vocación por crear un marco teórico, basado en buenas prácticas y lecciones aprendidas, no está obteniendo en terreno los resultados esperados. En algunos países en desarrollo (porcentualmente, una minoría) se han logrado avances respecto al uso de las instituciones nacionales para canalizar fondos y gestionar y evaluar las acciones de cooperación. Esto ha fortalecido las iniciativas de desarrollo locales y ha facilitado el alineamiento con las políticas públicas de estos países.
Sin embargo, la mayoría de estos procesos de apropiación nacional no están siendo inclusivos. Las entidades de la sociedad civil local, que deben tener un papel principal para garantizar una apropiación orientada a lograr también avances hacia una gobernanza democrática, tienen un rol testimonial en los procesos de toma de decisiones.
El consenso existente, respecto a que las estrategias de cooperación para erradicar la pobreza solo son eficaces si van ligadas a iniciativas para democratizar las estructuras de los países receptores, no se traduce en resultados concretos por la poca incidencia de los actores locales de la sociedad civil en estos procesos.
Las organizaciones no gubernamentales de los países proveedores de programas de cooperación, a las que se les ha otorgado el papel de dotar a las entidades no gubernamentales locales de las capacidades necesarias para cumplir con su función de contrapoder, no solo no se están mostrando como un instrumento eficaz, sino que en muchos casos están suponiendo un freno para el crecimiento de sus contrapartes locales.
Es urgente revisar el marco normativo y los mecanismos de implementación de las acciones de cooperación y diseñar indicadores de evaluación específicos para redefinir el rol de las organizaciones no gubernamentales de los países proveedores respecto a las entidades locales de la sociedad civil asociadas y superar así, definitivamente, el estado de tutela permanente en el que nos encontramos.
En caso de que esto no ocurra nos seguiremos encontrando con gobiernos locales que tienen un sentido patrimonial de las políticas públicas y que son proclives a derivas autoritarias que mantienen los indicadores de calidad democrática en mínimos. Esto produce situaciones donde los programas de cooperación (después de muchos años de inversiones sostenidas) están contribuyendo de manera objetiva a la creación de riqueza, pero no tienen ninguna incidencia sobre la reducción de las desigualdades sociales, lo que, de algún modo, está deslegitimando la propia razón de ser de la cooperación.
