Para una porción cada vez mayor del tejido empresarial aragonés, una economía que ponga en el centro las necesidades de las personas, y no solo el mero beneficio monetario, es viable. Pero las consecuencias de la pandemia de covid-19 están evidenciando que esta no solo es posible, sino que, además, se hace más necesaria que nunca. Y no solo eso: por añadidura, también es rentable, tanto en términos financieros como humanos.
Así lo demuestra el Balance Social 2020, que estos días están dando a conocer las entidades que forman parte de la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS Aragón) y el Mercado Social de Aragón. En total, 33 empresas (algo más de la mitad de las que conforman la red) presentan de este modo, por sexto año consecutivo, los datos de su actividad a partir de los resultados de un proceso de auditoría cuyo fruto es una herramienta de rendición de cuentas que permite medir el impacto social, ambiental y de buen gobierno de la economía solidaria.
Mientras el balance de una empresa de la economía capitalista convencional se centra solo en los datos económicos, el de índole social es un cuestionario de autoevaluación que analiza el comportamiento y la filosofía de las entidades pertenecientes a los mercados sociales. Les permite comprobar el cumplimiento de sus objetivos y orientar el siguiente ejercicio hacia nuevas metas de mejora de sus resultados sociales y solidarios.
Desde la economía alternativa aragonesa quieren resaltar la diferencia entre su balance social y las memorias corporativas de las empresas de la economía tradicional, donde estas suelen describir su actividad económica destacando sus valores y todo lo que contribuyen a la sociedad, «vendiéndose como sostenibles», sostiene Pilar Monzón, secretaria técnica de REAS Aragón. En el caso del balance social, Pilar destaca la transparencia de sus datos. «No estamos maquillando nada con márketing para que nos compren, lo que hay es lo que hay, y lo que queremos es mejorar en todos los indicadores porque están sustentados en unos principios».
Esos principios no son otros que los recogidos en el Carta de la Economía Solidaria de REAS: la equidad, la sostenibilidad ambiental, la concepción del trabajo desde una dimensión humana y de los cuidados, la cooperación, el compromiso con el entorno y la ausencia de fines lucrativos.
Sobre la evolución de la economía social aragonesa respecto del año pasado, han aumentado las personas implicadas, pasando de 2.974 a 3.044, a pesar de la disminución de las entidades que han participado en la confección del balance (33 frente a 39 el ejercicio anterior).
Precisamente, respecto al balance de este año, la parte más negativa es que muchas de las pequeñas entidades que forman parte de la economía alternativa aragonesa no han podido sumarse a esta evaluación debido a las dificultades sobrevenidas por la pandemia, pues se realizó en plena desescalada. «Y nos consta que querían hacerlo», puntualiza Monzón.
La presencia de mujeres, con 1.971 (64,7%), es superior a la de los hombres, con 1.073 participantes (35,2%), a quienes se suma una persona con identidad no binaria (0,03%). Aquí tampoco hay techos de cristal. La brecha de género se rompe también en los puestos directivos, pues las mujeres ocupan ya el 59% de los mismos, frente al 50% del año pasado. Además, un 79% de las entidades aragonesas de la economía social utiliza un lenguaje no sexista.
Como dato «muy positivo», la secretaria técnica de REAS Aragón enfatiza el respeto a la concepción del trabajo que se tiene en la economía social, plasmado en la respuesta de estas entidades a la crisis del covid-19. «Han cuidado a las personas al tomar las decisiones pensando en sus necesidades. Esto, en medio de una pandemia, con ertes, flexibilidad de jornadas y medidas de conciliación, es un valor a destacar», afirma.
El 96% de las entidades ha mejorado los permisos legales de conciliación, un 89% ha generado espacios de atención emocional y cuidado a las personas trabajadoras y el 50% posee un reglamento interno de gestión de las relaciones laborales.
Sobre el principio de equidad, es remarcable una elevada igualdad retributiva entre las plantillas. La proporción entre el salario medio más bajo y el más alto es tan solo de 1,3. Es decir, de media, el sueldo de la persona que más cobra dentro de una de estas empresas no llega a superar en más de una tercera parte el salario más escaso.
En cuanto a la sostenibilidad, todas las entidades aragonesas evaluadas aplican criterios de consumo responsable en la adquisición de productos y usan energías 100% renovables. Además, el 55% cuenta con planes de gestión ambiental.
En lo que atañe a los principios de cooperación y compromiso con el entorno, el 76% opera con finanzas éticas. Un apartado a mejorar es el de las compras dentro de la economía solidaria, que ascienden al 15,2%: un 8,8% se realiza dentro del propio mercado social y el 5,4% en organizaciones no lucrativas.
Los gastos de las 33 entidades analizadas sumaron 13,8 millones de euros y sus ingresos 14. El 79% de estos últimos procedió de la facturación, el 19% de subvenciones y el 2% se clasificó como ‘otros’. El carácter no lucrativo de estas empresas queda reflejado en el hecho de que el 100% de los beneficios se destinó a reservas para compensación de pérdidas o inversiones propias, incluyendo un 5% a iniciativas para la construcción de bienes comunes.
