En compañía de Rommel Durán, abogado del equipo jurídico Pueblos, cruzamos el límite que separa el departamento del César para entrar en el Catatumbo y visitar las comunidades campesinas del Alto Bobalí. En la vereda de El Tigre del municipio Chimichuaga, todavía en el César y sobre la Serranía del Perijá, cambiamos el todoterreno por las mulas que nos esperan junto a la tienda comunal. Precisamente en este estratégico punto, en junio del 2019, las comunidades se movilizaron contra la base militar que ocupaba los bienes comunitarios y que fue objeto de denuncias por violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, consiguiendo que el Ejército se retirase.
El Catatumbo es una subregión del norte de Santander, en la que el conflicto colombiano ha sido especialmente cruento y donde a día de hoy la guerra continúa. Por esta región comenzó la explotación petrolífera en Colombia, en la década de los años 30. Sin embargo, la bonanza petrolera no conllevó un auténtico desarrollo de la región. Las diferentes guerrillas tuvieron una fuerte implantación territorial y, hoy en día, la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL) es importante. A finales de los años 90 se dio una terrible y anunciada arremetida paramilitar, ante la que el Estado no hizo nada, y que culminó en terribles masacres, con más de 11.000 muertos y 100.000 desplazados. En Colombia se utilizó la expresión sexta división para denominar a los paramilitares (las fuerzas armadas cuentan con cinco divisiones).
En los últimos tiempos se han sumado otros actores, como las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el cartel mejicano de Sinaloa, por el cultivo y comercio de coca. El tradicional abandono del Estado hacia esta región hace que esta sea una de las más importantes en producción de cocaína, y la frontera con Venezuela le otorga un gran interés geoestratégico.
La visita a las comunidades tiene por objeto debatir con ellas respecto a la inquietud que les ocasionan los diferentes planes del Gobierno colombiano, que quiere sacar a los campesinos de la zona por estar incluida en el Parque Nacional Natural Catatumbo Barí, por la solicitud de ampliación del resguardo de los indios barí que viven en la zona y por la anunciada reanudación de la erradicación de coca.
Para llegar a estos territorios hay que acceder necesariamente en mula, por unos caminos de herradura que las comunidades organizadas se encargan de construir y mantener para poder sacar la mercancía o entrar los insumos, lo que resulta altamente costoso. Después, los campesinos tienen que vender sus productos (café, frijol, yuca...) al precio que se les impone en las plazas. El cultivo de coca no representa mayores ganancias, facilita en su caso la difícil subsistencia, pero estigmatiza al campesino, que es quien sufre la represión estatal, en lugar de los narcotraficantes.
La presencia del Estado es casi nula y determina que la guerrilla, en muchas ocasiones, lo haya sustituido, incluso asumiendo funciones propias de este. Ello convierte la región en un objetivo estratégico, con mas de 25.000 soldados para militarizar la zona y expulsar a la guerrilla. Esto arroja una media de un militar por cada doce habitantes, frente a la de un solo médico por cada 5.000 moradores.
Si en el pasado la lucha contrainsurgente fue diseñada en el Plan Colombia (2000) y el Plan Patriota (2003), hoy, los planes de guerra Espada de Honor, Victoria y Victoria Plus buscan «contribuir a mantener el control institucional del territorio». Esto es, son las nuevas versiones de la ofensiva contrainsurgente promovida por EEUU con guerra sucia, paramilitarismo, desplazamiento forzado, criminalización de la oposición y la protesta social para permitir la implementación del modelo político-económico capitalista y el desembarco de las multinacionales.
En el pasado, la arremetida paramilitar aseguró el territorio y las instalaciones petroleras para desplazar a la insurgencia de las zonas de influencia del oleoducto. Una vez logrado, establecieron el control para que las guerrillas no volvieran. También permitió la entrada del cultivo de la palma africana. En la actualidad, este papel es desempeñado por la fuerte presencia militar, destinada a proteger a las multinacionales extractivistas.
Los campesinos del Catatumbo enfrentan una lucha por la permanencia en el territorio, tras el anuncio de la vuelta a la erradicación de coca por parte del Gobierno para cumplir con sus compromisos con EEUU. También hacen frente a las concesiones mineroenergéticas y de fracking, a su estigmatización por vivir en zona guerrillera, a la ausencia de inversión estatal y al hecho de ser vistos como un obstáculo para proyectos extractivistas y agronegocios.
En el 2015, un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica afirmaba que «la huida forzada de la población también se debe a intereses políticos y económicos legales e ilegales vinculados a conflictos por la tierra y los recursos naturales, lo que refleja un carácter rentista en el desplazamiento y su funcionalidad para perpetuar un sector rural concentrado, inequitativo, excluyente e improductivo. En un ambiente de captura y cooptación del Estado (...) los territorios despoblados de campesinos, indígenas y otros pobladores rurales por masacres y otras violaciones (descampesinización), fueron transformados con la implantación de proyectos económicos que hacen más difícil el compromiso del Estado de garantizar la restitución de las tierras y el retorno de las víctimas».
Aunque la amenaza de descampesinización para el Alto Bobalí sigue siendo una realidad, la historia de resistencia de sus pobladores garantiza su permanencia en el territorio.
