Plena Inclusión solicita que se garantice el acceso a la renta mínima de las personas con discapacidad intelectual, acorde con los gastos que esta conlleva, y considerándolas una unidad de convivencia especial, sin tener en cuenta la unidad familiar. Pide además establecer una garantía de ingreso mínimo específico que tenga como referencia el salario mínimo interprofesional.
La organización propone aumentar la cuantía de la prestación por hijo a cargo hasta los 170 euros al mes para todos los menores de edad y elevar la cuantía en un 50% para aquellos hijos adultos con un grado de discapacidad del 65% al 75% (570,2 euros al mes).
Quieren que sean compatibiles las prestaciones con el trabajo para no desincentivar el empleo entre las personas con discapacidad intelectual, ya que genera autonomía e inclusión. Y asegurar mejoras en el régimen fiscal del IRPF y del patrimonio no protegido que compensen la situación desfavorecida de estas personas y sus familias; al menos, todo el Estado debe recoger el mejor tratamiento, que se da en Guipúzcoa con 867 euros.
