La Constitución proclama en su artículo 14 la igualdad de todos los españoles ante la ley. Y el Estado garantiza el derecho de igualdad de trato y no discriminación para todos los ciudadanos con discapacidad intelectual. Aunque, hasta hace poco, esas garantías tenían una salvedad: el derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo sometidas a procesos de incapacitación legal.
Esta anomalía, una más de las que colocan a España como una excepción dentro de los países de su entorno, quedó subsanada hace un par de meses con la entrada en vigor de la reforma de la ley electoral. El pasado mes de octubre, y después de años de lucha del movimiento asociativo que trabaja con las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, el Congreso de los Diputados modificó dicha norma, reconociendo el derecho al sufragio para unos 100.000 ciudadanos incapacitados judicialmente, que volverán a votar o lo harán por primera vez el 28 de abril.
«Plena Inclusión ha sido muy beligerante en este asunto porque las incapacitaciones afectaban sobre todo a personas con discapacidad intelectual», señala Ramón Álvarez, gerente de la federación aragonesa de la asociación española de entidades que trabajan para este colectivo. Se calcula que seis de cada diez incapacitaciones judiciales en España afectan a estas personas, pero son solo estimaciones porque no existen registros oficiales sobre las causas que motivan este tipo de sentencias.
Tras ocho años de movilización, Álvarez puede afirmar con tranquilidad que «se ha hecho muy buen trabajo, tanto a nivel nacional como en las comunidades autónomas». La recuperación del derecho al voto «es una situación por la que hemos peleado durante mucho tiempo, junto a las personas con discapacidad intelectual y sus familias», asegura.
La campaña #MiVotoCuenta ha sido el hilo conductor de esta reivindicación en todas las federaciones de Plena Inclusión.Pero no estaban solos en este empeño. Ha sido clave también la fuerza de otros movimientos sociales como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) o la ONCE. Además, todos ellos contaban con un respaldo tan sólido como el de la ONU.
El 3 de mayo del 2008 entró en vigor en España la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que garantiza la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad. Y no hay mayor expresión de la participación política de los miembros de una sociedad democrática que su derecho al sufragio. Pero la ley electoral española chocaba en este punto con este tratado internacional, que una vez ratificado por el Estado era de obligado cumplimiento.
En el año 2011, el comité sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas sometió a España a un examen para analizar el grado de cumplimiento de la convención. Y, como no podía ser de otra forma, la ONU expuso su preocupación por la restricción del derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual sometidas a un proceso de incapacitación jurídica. También mostró inquietud porque la privación de este derecho parecía ser la regla, y no la excepción. Y además apuntó a la falta de rigor en la motivación de la mayoría de sentencias de incapacitación.
A estos argumentos hay que sumar la contundencia de las cifras. Entre el año 2000 y el 2015, el número de personas incapacitadas judicialmente en España aumentó la friolera de un 649%, pasando de 12.709 a 96.418.
Por todo ello, la ONU instó al Estado en el año 2011 a revisar la legislación que impedía a las personas con discapacidad intelectual ejercer una ciudadanía de pleno derecho, privándola de su derecho al sufragio y, por lo tanto, de una participación en la vida pública en pie de igualdad con el resto de sus conciudadanos. Este fue el espaldarazo definitivo para que la campaña #MiVotoCuenta cogiese impulso.
La Asamblea de Madrid recogió el guante y ejerció su potestad de iniciativa legilativa llevando hasta el Congreso una proposición de ley para modificar la normativa electoral española. En octubre, los diputados votaron a favor de este cambio. Además, dejaron sin efecto las limitaciones al ejercicio del derecho de sufragio establecidas por vía judicial.
«Ahora, como principio general, todo el mundo puede votar, salvo por circunstancias excepcionalísimas, pero que no conocemos aún porque, como la reforma legal es tan reciente, todavía no hay jurisprudencia al respecto porque ningún caso de estas características ha llegado aún al Tribunal Supremo», aclara Carlos López, asesor jurídico de Plena Inclusión Aragón.
Pero, para el gerente de esta asociación, aún queda muchas trabajo por hacer: el de sensibilizar a quienes cuestionan la conquita de este derecho. «Lo que nosotros queremos es que no haya distinciones entre las personas con discapacidad y las demás. Si para poder votar pusieran un examen para explicar qué propone un partido político u otro, muchas personas, incluso con estudios universitarios, no lo superarían. Y sobre la posibilidad de manipulación… ¿quiénes no somos influenciables? En este sentido, yo no noto diferencias. Que voten lo que quieran. No sé por qué tenemos que hacer una distinción», se pregunta Ramón Álvaréz.
