Ramón Royo, gerente de la organización turolense Atadi, compareció la semana pasada en la Comisión de derechos de la familia, la infancia y la adolescencia del Senado para explicar la importancia del movimiento asociativo familiar en torno a la discapacidad intelectual.
Royo hizó hincapié en las dificultades a las que se enfrentan esas familias cuando viven en el medio rural, ya que el acceso a los servicios y apoyos necesarios es más costoso y, en muchos casos, insuficiente. «La prestación de servicios en un medio rural tan despoblado como la provincia de Teruel conlleva una serie de dificultades. Sin embargo, creemos fundamental que los servicios se ofrezcan allí donde se necesitan, ya que las personas con discapacidad intelectual que viven en el medio rural son ciudadanas de pleno derecho y merecen la misma atención que las que viven en el entorno urbano».
Algunas de las barreras a las que se enfrentan estas personas son la carencia de medios de transporte públicos, normales y adaptados, la lejanía o inexistencia de los servicios que necesitan, los continuos desplazamientos para realizar cualquier trámite o recibir asistencia médica, la inaccesibilidad de las viviendas rurales tradicionales, la escasa oferta de empleo para este colectivo o la invisibilidad a la que se ven abocadas.
Por ello, «las entidades del sector de la discapacidad del medio rural debemos desarrollar mayores esfuerzos para suplir la falta de servicios públicos», destacó Royo. Por ello, pidió que se pondere el coste de las plazas (de centros de día, ocupacionales o residencias) en el medio rural, teniendo en cuenta que se enfrentan a más gastos y barreras.
