Las oenegés aragonesas de comercio justo piden poner a las personas por delante de los beneficios económicos. Denuncian que, en el mundo, 700 millones de personas con empleo son consideradas trabajadores pobres por Naciones Unidas. Sostienen que garantizar los derechos laborales y una vida digna para todos los trabajadores es un derecho fundamental que, además, consolida una sociedad global más justa y menos vulnerable frente a las crisis. Y recuerdan que las prácticas comerciales de las organizaciones de comercio justo están minimizando las consecuencias económicas y sociales de la pandemia para sus empleados.

Estas organizaciones propugnan un consumo más responsable. El nivel actual es insostenible. Provoca un peligroso deterioro medioambiental y alienta fenómenos como la deslocalización de empresas, la producción en países empobrecidos, con menos regulaciones y con los sindicatos prohibidos o coaccionados, lo que en definitiva provoca pobreza para quienes están en los últimos eslabones de la cadena. Las entidades de comercio justo defienden un ajuste de los niveles de consumo a las necesidades reales, y optar por productos elaborados de manera respetuosa con los trabajadores y el medio ambiente, apostando por el comercio de proximidad que sostiene barrios y pueblos.

Fenómenos como el calentamiento global, la desertificación o la deforestación son consecuencia del modelo productivo imperante y de la agricultura industrial, basados en el uso indiscriminado de recursos naturales, la producción masiva de bienes y prácticas agrícolas como el monocultivo o el uso de fertilizantes y químicos. Reclaman una transición urgente a un modelo productivo verde y neutro en emisiones de carbono.