Las restricciones de planificación y desarrollo, las demoliciones de edificaciones privadas y equipamientos comunitarios y el consiguiente desplazamiento forzado de comunidades enteras, sumado todo ello al acceso limitado a la tierra y los recursos, son algunos de los factores que están socavando gravemente los medios de subsistencia de la población en los Territorios Ocupados Palestinos.
Miles de personas están en riesgo de desplazamiento forzado debido a las órdenes de demolición dictadas por el Estado de Israel, pendientes de ejecución, especialmente con respecto al denominado Plan E1, que apunta a la expansión de los asentamientos israelís entre Jerusalén Este y Ma’ale Adumim.
Además, el Gobierno israelí mantiene el control sobre la construcción y planificación en la denominada ‘Área C’, dejando a la Autoridad Palestina con una responsabilidad marginal sobre los servicios de salud y educación. Como consecuencia directa, la población palestina del ‘Área C’ carece de condiciones para acceder a un desarrollo sostenible.
Unas de las comunidades más afectadas por estas órdenes de derribo, que son contrarias al Derecho Internacional Humanitario, son las beduinas, que se convierten en los últimos entre los últimos en una sociedad que apenas puede subsistir, la palestina.
El 70% de la superficie del ‘Área C’ está fuera de los límites donde pueden asentarse la población palestina y las comunidades beduinas, debido a las políticas de asentamientos ilegales israelís, las zonas militares cerradas, las reservas naturales impuestas y las tierras delimitadas por el muro de la vergüenza. Del 30% restante, las autoridades israelís autorizan la construcción a los palestinos solo dentro de los límites estrictos de los planes aprobados por el Gobierno de Israel.
Al forzar a las comunidades beduinas a desplazarse, Israel logra su objetivo de vaciar de palestinos el ‘Área C’, violando los acuerdos de Oslo de 1993.
