«El Gobierno autoriza ventas de armas contrarias a la ley»

-Desde el año 2012, España ha ido incrementando las exportaciones de armamento hasta duplicarlas en el año 2016, cuando superó los 4.000 millones de euros y se situó en el 7º puesto mundial.

-¿Qué dice la ley española acerca de la venta internacional de armas?

-Cuando se autoriza una exportación de armas, el Gobierno de España tiene que asegurar que se cumple la normativa de control de comercio de armas, tanto el Tratado sobre el Comercio de Armas, como la posición común de la UE o la ley española. Esta ley establece que se debe denegar una exportación «cuando existan indicios racionales de que las armas puedan ser empleadas en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional».

-¿Se cumplen esas restricciones?

-Lamentablemente, no. A pesar de ellas, el Gobierno de España continúa autorizando algunas exportaciones que serían contrarias a los requisitos legales. La campaña Armas bajo control, en la que participan Amnistía Internacional, Fundipau, Oxfam Intermón y Greenpeace, identifica anualmente exportaciones especialmente preocupantes. En el 2016 se identificaron algunas operaciones que suponían claras vulneraciones de la normativa. Un ejemplo destacado eran las exportaciones de armas a Arabia Saudí, por el riesgo sustancial de que pudieran contribuir a facilitar o cometer graves violaciones del derecho internacional dada su implicación en la guerra de Yemen, en la que ambas partes del conflicto han cometido crímenes de guerra. Según datos oficiales, desde el inicio del conflicto en Yemen, en el 2015, España ha exportado armas a Arabia Saudí por más de 650 millones de euros.

-¿Por qué las ventas a ese país están rodeadas de secretismo?

-El organismo interministerial que se encarga de autorizar o denegar las exportaciones es la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU), que está presidida por la Secretaría de Estado de Comercio. Dentro de la falta de transparencia y el secretismo que envuelve el comercio de armas, cabe destacar que las actas de la JIMDDU, desde 1987, se consideran material clasificado, a través de la aplicación de la Ley de Secretos Oficiales.

Así se ha creado el mayor obstáculo a la transparencia en el comercio de armas español, porque no permite que ni el Parlamento ni la sociedad civil conozcan las razones de este organismo para autorizar o denegar una exportación de armas y se imposibilita la rendición de cuentas adecuada del Gobierno ante el Parlamento. Aunque el Gobierno autorice ilegalmente determinadas operaciones de exportación, el secretismo dificulta enormemente que rinda cuentas por ello.

-Si se estuvieran cometiendo crímenes de guerra con esas armas, ¿cabría exigirle alguna responsabilidad al Gobierno español?

-Por supuesto. Además, el simple hecho de que esté autorizando esas exportaciones de armas, cuando existen indicios racionales de que puedan ser utilizadas en acciones que perturben la paz, ya implica una vulneración de la ley. Tanto más si se llega a demostrar que ese fue su uso. Desde que comenzó la guerra de Yemen, la coalición liderada por Arabia Saudí ha lanzado numerosos ataques aéreos ilegales, algunos de los cuales podrían ser considerados crímenes de guerra, que han matado a miles de civiles y han destruido escuelas, hospitales, mercados y hogares. ¿Qué más indicios son necesarios?

-¿Por qué no se hace?

-Da la sensación de que el secretismo del comercio de armas es un instrumento más de la política oficial de apoyo a la exportación de armamento, muy beneficioso para las empresas del sector. De hecho, estas exportaciones se han incrementado sustancialmente en los últimos años. La transparencia es un elemento clave para contribuir a la paz. En este sentido, la Ley de Secretos Oficiales es uno de los principales obstáculos para avanzar en transparencia. Por eso, el Parlamento debe aprobar ya su reforma y adecuarla a las normas internacionales.

-¿Está el Gobierno obligado a ser más transparente en la venta de armas?

-Es muy difícil justificar en democracia el secretismo que impera en el comercio de armas. La reforma de la Ley de Secretos debe acabar con la clasificación de información de forma tan generalizada, debe incorporar la obligación de motivar la consideración de cualquier materia como secreta y reservada, excluir las materias que tengan impacto en los derechos humanos y asegurar que las decisiones gubernamentales sean públicas y recurribles ante la justicia. Solo asegurando la transparencia en el comercio de armas podremos avanzar en su control y estar vigilantes a que no existen interferencias empresariales en el Gobierno que le desvíen del cumplimiento estricto de la ley.