- ¿Qué se entiende por una situación de irregularidad administrativa sobrevenida?

Es lo que comúnmente conocemos como estar sin papeles, pero la diferencia es que lo sufren personas que sí estaban legalmente en nuestro país hasta que se les deniega esa condición. En algunos casos tenían permiso de residencia y trabajo y en el momento de renovar no pueden presentar un contrato laboral. En otros, son familias solicitantes de asilo y protección internacional a las que se les rechaza su solicitud, a veces con criterios difíciles de entender, después de ser atendidas en programas de acogida para refugiados.

- ¿Qué consecuencias legales tiene?

Supone la anulación completa del acceso a muchos derechos: el empleo, ya que es imposible tramitar un contrato de trabajo; el acceso a prestaciones públicas como el Ingreso Mínimo Vital, ya que es condición indispensable tener un permiso de residencia; o el acceso a ciertos servicios públicos, como la formación oficial para el empleo, la educación pública para mayores de 18 años, las becas o ciertos servicios sanitarios.

- ¿Y en el plano socioeconómico?

La pérdida de los medios necesarios para una vida digna, ya que impide el acceso al empleo y la cotización, y condena a las personas afectadas a la economía sumergida o a vivir de las ayudas gestionadas por los servicios sociales y entidades como Cáritas. Implica estar siempre en riesgo de ser expulsado del país, con la consiguiente incertidumbre y miedo del que no es considerado un ciudadano. Estas personas son silenciadas administrativa y socialmente después de aportar mucho a nuestra sociedad y nuestras comunidades.

- ¿Puede poner algún ejemplo de qué ha ocurrido con alguna persona o familia en situación de irregularidad administrativa sobrevenida a la que apoye Cáritas Huesca?

Estamos atendiendo a una familia de cuatro miembros, solicitantes de protección internacional. Él consigue un trabajo, ella comienza una formación que posteriormente la habilitará para poder encontrar un empleo y sus dos hijos comienzan el colegio y crean vínculos con sus compañeros de clase. Siguen formando parte del dispositivo de acogida de personas solicitantes de asilo de una entidad social, que ejerce una mediación para que puedan alquilar una vivienda. Llega la resolución ministerial y les deniegan el estatuto de refugiados. Se quedan de la noche a la mañana en situación administrativa irregular. Al no tener papeles, él tiene que abandonar el trabajo, ella tiene que dejar la formación y, de repente, se ven sin ingresos ni documentación. El dispositivo les avisa de que en un plazo de quince días tienen que abandonar el recurso de vivienda. Se convierten de repente en personas en situación de extrema vulnerabilidad, con el añadido de no poder volver a su país de origen, porque allí ya no tienen nada y la situación es insostenible. Se convierten, en un abrir y cerrar de ojos, en personas olvidadas por un sistema que, en un principio, les abrió la puerta y les acogió.

- ¿Han detectado más casos en Cáritas Huesca?

Sí, se han multiplicado por diez en los últimos años. Atendemos a más de cien personas que sufren esta situación y calculamos que en los próximos meses serán 200 más, de las cuales la mitad son menores. En el último año, gracias a la moratoria aprobada por la pandemia, esta realidad fue atenuada, pero una vez se retomaron los procesos de resolución se ha producido un aluvión de denegaciones, especialmente en las solicitudes de asilo, y la perspectiva para los próximos meses es alarmante en todo el país.

- ¿Es por la última reforma de las instrucciones en materia de protección internacional y asilo?

Las resoluciones positivas siguen en el 5% del total, pero lo que ha provocado la reforma es una aceleración enorme de los procesos, que han pasado de durar unos dos años a hacerse en menos de seis meses, con un aumento considerable de personas que se quedan sin la cobertura de los programas de acogida y se ven abocadas a la irregularidad sobrevenida.

- ¿Cómo se trabaja con estas personas en Cáritas?

Tienen la misma dignidad y consideración que cualquier persona que acude a nuestros servicios, pero su exclusión añadida provocada por la falta de acceso a derechos reduce considerablemente las opciones que tenemos en los procesos y tenemos que orientar nuestra acción a la respuesta más básica: la vivienda y la alimentación. Este hecho choca frontalmente con las habilidades y conocimientos que tienen muchas de estas personas, que cuentan con una gran capacidad para el trabajo y podrían salir adelante por sus propios medios, pero su situación administrativa se lo impide. Además, son personas activas en sus comunidades, muchas de ellas implicadas en asociaciones y parroquias, son nuestros vecinos y queremos que sigan siéndolo.

- ¿Colaboran con otras entidades para poder dar respuesta a las necesidades de estas personas?

Por supuesto, la coordinación entre entidades y con las administraciones públicas es necesaria para responder a cualquier realidad de exclusión social, pero en temas de este calado tenemos que participar todas activamente, poniendo de nuestra parte compromiso y recursos, pero también colaborando para la visibilización del problema.

- ¿Cabe alguna solución dentro de la ley para que las personas que se ven en esta situación puedan permanecer dignamente en España?

Cáritas está promoviendo un cambio legislativo que impida estas situaciones, que prime la integración social frente al empleo en los casos de renovación de los permisos y que tenga en cuenta especialmente las situaciones más vulnerables, que son aquellas en las que hay menores a cargo. Además, es necesario revisar el sistema de asilo y refugio, que ha olvidado su vocación de acogida para convertirse en una herramienta de exclusión. Hay que recuperar el compromiso de los estados con las personas que han tenido que huir de su tierra por situaciones de violencia o inseguridad, y garantizar que todos los niveles administrativos -local, provincial y regional- sean igual de responsables ante las personas que se ven sacudidas por la irregularidad sobrevenida.