- Según el informe ‘Discapacidad y familia’ de la Fundación Adecco, el 86% de las familias aragonesas cree que la crisis del covid-19 va a suponer un retroceso en el proceso de inclusión de sus hijos con discapacidad. ¿A qué se debe este desánimo?

- El 67% de los menores con discapacidad en Aragón han tenido que suspender sus terapias, tratamientos y/o rutinas formativas. Se han cerrado centros de día y suspendido servicios de apoyo que resultaban básicos en el día a día de las personas con discapacidad. Ante esta situación, las familias se han encontrado en la tesitura de tener que llenar estos vacíos desde casa, reinventándose 24 horas, con un coste emocional importante. En gran parte de los casos piensan que su hijo retrocederá en logros que había ido adquiriendo, aunque también hay luz en medio de las sombras: un 10,2% de los encuestados cree que, tras la crisis del covid-19, nuestra sociedad experimentará un refuerzo de valores y seremos más empáticos e inclusivos, lo que impactará positivamente en la plena inclusión de las personas con discapacidad.

- El 74,1% de los encuestados cree que el confinamiento ha evidenciado la brecha digital entre las personas con discapacidad y el resto de la población. ¿Se les está condenando a la exclusión social?

- Absolutamente. Si hay algo que nos ha salvado a todos durante el confinamiento, han sido precisamente las nuevas tecnologías. Hemos podido charlar con nuestra familia, hacer la compra y realizar todo tipo de gestiones que presencialmente estaban paralizadas. En este sentido, el estado de alarma ha puesto de manifiesto la importancia de lo digital como factor de inclusión social y laboral. Merece la pena pensar en ello e incorporar en el marco regulador el acceso a internet como derecho fundamental y universal, en línea con la Agenda 2030 y su máxima de “no dejar a nadie atrás”.

- ¿Se puede cerrar esa brecha atendiendo exclusivamente a las razones económicas?

- No, la accesibilidad universal ha de ser también una de las grandes apuestas de nuestro siglo. Todos los entornos y dispositivos deben ser diseñados y/o elaborados teniendo en cuenta las necesidades de una sociedad heterogénea, en la que cada vez hay más personas mayores y con discapacidad. Ello pasa por potenciar el acercamiento del mundo social al tecnológico, de modo que los desarrolladores y los profesionales de las nuevas tecnologías sean mucho más conocedores de las necesidades de las personas más vulnerables.

- Antes, solo un 11% de las familias con personas con discapacidad podía acogerse al teletrabajo, pero durante el confinamiento lo ha hecho el 54%. ¿Demuestra este hecho la viabilidad de esta fórmula?

- Es una de las lecturas positivas de esta crisis. Muchas empresas se han sorprendido ante una realidad: frente a los miedos y reticencias que tenían antes de la pandemia, todo sigue funcionando con el teletrabajo. Es cierto que no todas estaban preparadas ni lo tenían integrado en su cultura, por lo que tienen ante sí el reto de profesionalizarlo a través de herramientas y procedimientos que lo regulen. En el caso de las familias con personas con discapacidad, que encuentran problemas adicionales de conciliación, podemos decir que el coronavirus ha impulsado una reivindicación histórica que venían haciendo desde hace muchos años y que, en el medio plazo, mejorará su conciliación y su calidad de vida.

- ¿Qué propone para evitar que una de las consecuencias del coronavirus sea el retroceso de la inclusión de las personas con discapacidad?

- Si algo ha demostrado esta crisis es que todos estamos en el mismo barco. Y si la inclusión de las personas con discapacidad ya estaba en agenda política, hoy debe elevarse a asunto de Estado. Las políticas activas de empleo son la llave hacia la inclusión. Mientras que en otros países, como Alemania, el 80% de los recursos públicos son para políticas activas de empleo, siendo su tasa de paro cuatro veces menor, en España no llegamos al 20%. Es fundamental impulsarlas, junto a modelos de colaboración público-privada que den respuesta al creciente número de desempleados que se prevén en los servicios públicos, y con especial atención a las familias con personas con discapacidad y escasos recursos. La vinculación del ingreso mínimo vital a un plan de empleo será la mejor casilla de salida para que muchos hogares superen la exclusión.

- ¿Y para lograr esa inclusión también en las empresas?

- Hoy más que nunca será necesaria la aplicación de criterios inclusivos en los procesos de selección. La crisis del covid-19 ha acentuado el riesgo de pobreza y exclusión de muchos hogares con personas con discapacidad. Si antes de este episodio ya atravesaban una situación delicada, hoy su realidad se agrava ante la pérdida de empleos en la economía irregular, la disminución de ingresos o el empeoramiento de la salud física y/o emocional de alguna de las personas en la unidad familiar. Resulta crítico activar un plan de emergencia en las empresas para que no olviden que hay muchas personas con discapacidad dispuestas a aportar su talento. El refuerzo de las estrategias de diversidad e inclusión se alza como otra de las grandes apuestas de futuro, no solo para erradicar la discriminación, sino también para abrir las compañías a nuevos públicos y horizontes. Las empresas deberán identificar proyectos y acciones, en cada sector de actividad, que aborden de una manera operativa y estratégica situaciones de desigualdad que les afectan directamente en el contexto empresarial, perjudicando, por tanto, su sostenibilidad.