«Europa no tiene fuerza para imponer sus mandatos»

-Desde que el ser humano existe siempre ha estado en movimiento, pero esta es la vez que más gente lo hace a la vez. La vez anterior que hubo una cantidad enorme de gente en movimiento fue en la Segunda Guerra Mundial, pero no llegó a la magnitud de ahora, que bate todos los récords.

-¿Qué hay detrás de todos estos desplazamientos masivos?

-Hay guerras, pero también desastres naturales. Para estos segundos, Amnistía Internacional y otras organizaciones estamos pidiendo que puedan acogerse a una protección subsidiaria, ya que la convención de Ginebra solo reconoce el estatus de refugiados a quienes huyen de un conflicto armado. Hambrunas, motivos ideológicos, discriminación por orientación sexual… Son otros de los motivos que han llevado a tanta gente a desplazarse, y que tampoco queda protegida por esa convención.

-Entonces, ¿es mucha la gente que se queda al margen de la protección que se le presupone a los refugiados?

-Por eso queremos ampliar el concepto de refugiado. Y ocurre lo mismo con los desplazados internos. En Siria, de la gente que ha tenido que escapar de sus casas, queda más dentro del país, que no ha podido comprar un billete o pagar a las mafias para huir, de la que ha podido marcharse a otros estados. De los 65,3 millones de los que habla el Acnur, más de 40 son desplazados internos o están esperando una respuesta a su petición de asilo.

-Y toda la gente que está varada en Grecia y los Balcanes, procedente en su mayoría de Siria, Irak o Afganistán, ¿a qué tiene derecho?

-Muchos de ellos están a la espera de que se resuelva su solicitud de asilo. Pero, entre tanto, les asisten los mismos derechos que a los refugiados: sanidad, educación, asistencia jurídica gratuita y todas las garantías de no ser deportados -frente a las devoluciones en caliente-.

-¿Por qué no están llegando a España?

-A España están llegando continuamente refugiados, la mayoría por Ceuta y Melilla, y por las fronteras aeroportuarias. De unas 19.000 peticiones al año, acepta el 40%. Se puede pedir asilo en cualquier comisaría de Policía durante el primer año de estancia en territorio español. Por eso, no son ciertas las informaciones de que no están llegando refugiados a nuestro país. Los que no están llegando son los reubicados -personas que se encuentran ya dentro de Europa- y reasentados -aquellos que están fuera de las fronteras de la UE- a los que el Gobierno se comprometió a acoger.

-España, como país europeo, ha ratificado una serie de compromisos internacionales que le obligan a responder a estas peticiones. ¿Cuáles son esos instrumentos legales?

-Los principales son la Convención de Ginebra, la Convención del Refugiado y el Convenio de Dublín. Este último establece que el refugiado tendrá que asentarse en el país en el que solicita asilo; por eso, muchos de los que han ido entrando a Europa por Grecia no querían solicitarlo ahí, y pretendían hacerlo una vez llegaran a Alemania. Además, es parte esencial de los Derechos Humanos la libre movilidad y el derecho de cualquier persona que es perseguida a solicitar ser acogido en otro país.

-Si son leyes de obligado cumplimiento, ¿cómo es que España se las está saltando sin consecuencias?

-Hay varias razones. Para empezar, es la propia Unión Europea la que empezó a poner pegas. Por otro lado, hay países miembro, como Hungría, que directamente están incumpliendo las leyes europeas. Hay también un auge del populismo que se ampara en una parte de la población que rechaza estas llegadas, y nadie quiere mojarse y ponerle el cascabel al gato. Y no hay una autoridad europea con fuerza suficiente para imponer los mandatos que la propia UE se ha dado, como el compromiso que obligaba a España a acoger a 17.000 de estas personas. Y es en lo que se basa nuestra campaña Yo acojo.

-¿En qué consiste esa campaña?

-Es una campaña internacional de presión a los gobiernos europeos, a los que no pedimos nada extraordinario, más allá de que cumplan las leyes que ellos mismos se han dado. Llevamos unos tres años trabajando diferentes aspectos del asunto de los refugiados. Este año estamos exigiendo al Gobierno español que cumpla con su compromiso de acoger hasta septiembre a unos 15.800 reubicados y 1.500 reasentados. A primeros de este mes solo había acogido a 609 y 289, respectivamente. A este ritmo, cumpliría su compromiso en el año 2020. Pedimos que se cumpla, y que se admita a un 10% adicional.

En los próximos meses nos vamos a centrar en pedir corredores seguros para que estas personas puedan llegar a Europa sin caer en manos de las mafias. En la campaña también pedimos una especial protección para los más vulnerables durante el tránsito, las mujeres y los niños, que a menudo son víctimas de violencia sexual. Y también pedimos que la solicitud de asilo humanitario no tenga por qué hacerse en destino, sino en la embajada más cercana. Y que pueda solicitarse en grupo, no solo de forma individual.

-¿Ha cumplido ya con su compromiso algún país europeo?

-Antes que nada, hay que aclarar que, en Amnistía, esas cifras nos parecen maquiavélicas. ¿Por qué 17.000, y no 25.000, por ejemplo? Al margen de esto, Francia ha cumplido ya con su compromiso, al igual que Suecia, Reino Unido y Finlandia. Y fuera de la UE, Suiza, Liechtenstein e Islandia. España está en los países de cola en cuanto al grado de cumplimiento de su compromiso con los refugiados.

-El acuerdo de la UE con Tuquía, ¿qué derechos vulnera?

-La UE ha externalizado la gestión de sus fronteras a terceros países a cambio de un dinero, bien como conjunto, como es el caso del acuerdo de la Unión con Turquía, o bien de forma bilateral, como ha hecho España con Marruecos. El problema es que la propia UE reconoce que estos países no respetan los Derechos Humanos, con lo cual se está incumpliendo a sabiendas el deber de proteger a esos refugiados.

-Es decir, que han externalizado el trabajo sucio para no mancharse las manos.

-Efectivamente, a cambio de dinero. Pero los que más se están beneficiando de todo esto son las mafias.