El pasado 15 de enero, la Policía Federal mexicana detuvo al principal sospechoso de ser el autor material del asesinato de Berta Cáceres. Los hechos tuvieron lugar, en Tegucigalpa, el 2 de marzo del 2016, cuando un pistolero abría fuego contra la ecologista hondureña y el también activista Gustavo Castro Soto, quien salvó su vida milagrosamente.

El acusado como inductor del atentado, detenido con anterioridad junto a otras siete personas, es el gerente de la empresa hondureña que pretendía llevar a cabo uno de los mayores proyectos hidroeléctricos del país centroamericano -la presa de Agua Zarca en el río Guadalcarque-. El proyecto contaba con la financiación del Banco Mundial y de la empresa estatal china Sinohydro, y tenía prevista su ubicación en una zona de singular riqueza natural e importancia simbólica para la población indígena.

Pero el Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras se cruzó en su camino. La campaña de denuncia y concienciación desarrollada por esa organización consiguió la paralización del proyecto. Su coordinadora general, Berta Cáceres, recibió en el 2015 el Premio Medioambiental Goldman -el Nobel del Ecologismo- en reconocimiento a su labor. Meses después era asesinada. El desarrollismo sin escrúpulos se cobraba una nueva vida.

Durante la segunda mitad del siglo XX, el proyecto modernizador basado en la exportación intensiva de materias primas y recursos naturales -el extractivismo- fue en buena parte el responsable de la inestabilidad y la violencia que asoló a los países del denominado Sur global.

Ante la crisis de aquel modelo han surgido discursos que analizan las posibles alternativas al desarrollo, entre ellos, la Teoría del Buen Vivir. Países como Ecuador y Bolivia la institucionalizaron a través de sus constituciones, en el 2008 y el 2009, respectivamente, con la idea de mirar el desarrollo desde otro punto de vista, más amable y conciliador con el planeta y con el ser humano.

No obstante, no han tardado en aparecer tensiones, ya que se acusa de que la nueva retórica no ha hecho sino camuflar políticas tan intolerantes y severas con el medio ambiente y con el hombre como sus antecesoras, desnaturalizando la propia filosofía del Buen Vivir.

El neoextractivismo está siendo practicado ampliamente en Perú con las reservas de gas en los territorios indígenas; en Uruguay, con la megaminería del hierro; en Bolivia, en territorios protegidos con enorme potencial minero; en Ecuador, con la explotación petrolera en el parque Yasuní; en Colombia, con proyectos mineros en territorios indígenas y campesinos; y, cómo no, en Venezuela, con el hierro, el acero, la bauxita, el aluminio, el oro y los diamantes, en el Arco Minero del Orinoco.

A propósito de este tema, el próximo jueves, 2 de febrero, Gustavo Castro Soto, coordinador de las organizaciones civiles Otros Mundos, A.C. de Chiapas y Amigos de la Tierra, todas ellas radicadas en México, disertará sobre la realidad del neoextractivismo económico en América Latina, en una conferencia organizada por la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza.

La cita será en el salón de actos de la Facultad de Economía y Empresa (Gran Vía, 2), a las 19.00 horas. La entrada será libre, hasta completar aforo.