Familiares y personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de Plena inclusión entregaron el pasado 16 de mayo en la sede de la Presidencia del Gobierno, en el Palacio de la Moncloa, 25.000 cartas solicitando unas condiciones de vida dignas. Este colectivo, que representa en España un 1% de la población, lo que supone unas 470.000 personas, exige que las administraciones públicas adopten medidas económicas que les aseguren un nivel de protección social y el acceso a los recursos necesarios para disfrutar de un nivel de vida adecuado y en igualdad de condiciones con las demás familias. «Porque es una cuestión de derechos», señalan.

Este colectivo parte de una situación crítica. La renta es un 25% más baja en estos hogares que en el resto, la tasa de actividad de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo es, según el Instituto Nacional de Estadística, 46 puntos más baja que la población general (78% frente al 32%) y la tasa de empleo un 43% (62,8% frente al 20%).

«Desde Plena inclusión queremos lanzarle un reto al nuevo Gobierno para que garantice condiciones de vida más equitativas y dignas para las familias con personas con discapacidad intelectual», indicó el vicepresidente de Plena Inclusión España, Juan Pérez.

Estas personas y sus familias afrontan un sobreesfuerzo económico originado por la necesidad de apoyos y la pérdida de oportunidades, cuantificando en 24.237 € anuales de media. En el caso de personas con discapacidad con grandes necesidades de apoyo, este coste puede ascender a 47.129 €, según el lugar donde residen.

Plena inclusión destaca que en la mayoría de los casos las madres de personas con discapacidad intelectual tienen que sacrificar su carrera profesional porque tienen que hacerse cargo de sus hijos. El efecto acumulativo año a año de este agravio económico acaba repercutiendo en la capacidad adquisitiva de la familia, a medio plazo en su descapitalización y a largo plazo también afecta seriamente la posibilidad de que los familiares puedan recibir pensiones contributivas debido a que han tenido que renunciar a trabajar.

El actual sistema de prestaciones no solo no sirve para compensar este sobreesfuerzo, sino que además desincentiva el acceso al empleo y la autonomía de las personas con discapacidad intelectual. Por ejemplo, la prestación por tener un hijo a cargo con entre un 33% y 65% de discapacidad intelectual es de 1.000 € anuales para familias con ingresos bajos. Y la pensión no contributiva por invalidez, que solo se concede a personas con discapacidad con más del 65% de discapacidad, supone una ayuda como de entre 107,25 y 429,17 € al mes. Si hablamos de rentas mínimas garantizadas o de inserción social su umbral mínimo suele rondar los 430 €/mes.

De igual forma, las políticas de rentas mínimas se hacen desde un tratamiento generalizado de la población, sin discriminar situaciones y en el caso de existir un tratamiento diferenciado es muy marginal y de escasa incidencia. A esto se une la actual dificultad de compatibilizar prestaciones y rentas de trabajo, que hace que a muchas personas con discapacidad intelectual no les compense trabajar, ya que van a obtener salarios muy moderados -la media se sitúa en 11.764 € brutos anuales en el 2016, la mitad del de las personas sin discapacidad- y parte de lo que ingresan se les va a detraer de las prestaciones económicas concedidas.

En su estudio Todos somos todos sobre la situación de familias de personas con grandes necesidades de apoyo, Plena inclusión también atribuye mayores problemas de salud, con sus costes derivados para el sistema, en las cuidadoras, sobre todo madres.

Por todo ello, en el comienzo de la nueva legislatura, y coincidiendo con la celebración del Día de la Familia el 15 de mayo, Plena inclusión reclamó al futuro presidente del Gobierno español que este nuevo curso político no sea una nueva oportunidad perdida para la mejora de las condiciones de vida de estas familias.