El 21 y 22 de marzo del 2018, el Comité de derechos económicos, sociales y culturales de Naciones Unidas (Comité DESC) examinó al Estado español acerca del grado de cumplimiento, protección y defensa de dichos derechos. En esta ocasión, España ha rendido cuentas sobre la situación de los DESC entre el 2012 y el 2016. El comité ha escuchado al Gobierno español y a las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas a la Plataforma DESC, que ha presentado un informe apoyado por más de 150 entidades.

En este informe, la plataforma muestra cómo millones de personas en este país no tienen a su alcance el acceso a cuestiones tan básicas como trabajo, vivienda digna, prestaciones sanitarias públicas o un medioambiente saludable. Asimismo, evidencia cómo todavía muchas personas son discriminadas por ser inmigrantes, gitanas, LGTBI, sin hogar o con discapacidad.

A través de un exhaustivo análisis, se pone de manifiesto cómo las políticas económicas y sociales, los cambios legislativos y la inacción de los poderes públicos, lejos de garantizar los Derechos Humanos, han generado en los últimos cuatro años mayor desigualdad, discriminación y desprotección en una gran parte de la población.

Además, el documento deja claro cómo el Estado español incumple sistemáticamente los tratados internacionales de derechos humanos e ignora recomendaciones y dictámenes de las Naciones Unidas que han reiterado la necesidad de cambios en las leyes y políticas españolas para cumplir con sus obligaciones internacionales.

En España hay más de 4,5 millones de personas que buscan trabajo sin encontrarlo. Las mujeres sufren una tasa de paro superior en tres puntos a la masculina. El 18% de las personas trabajadoras están en riesgo de pobreza. El 89,4% de las pensiones de viudedad, que corresponden en su mayoría a mujeres, tienen un importe inferior a 1.000 euros. En el 2016 hubo una media de 677.025 hogares con todos sus miembros en paro que no percibían ninguna prestación, de los cuales sólo el 3% recibía una renta mínima. En los últimos años la tasa de pobreza ha experimentado una gran subida, alcanzando al 22,3% de la población. El 10% de los hogares tiene dificultades para afrontar los gastos de su vivienda principal y 329.000 hogares (1.310.000 personas) habitan en viviendas inseguras e inadecuadas.

Detrás de cada uno de estos datos hay personas con nombres y apellidos que viven en exclusión y que cada día ven vulnerados sus derechos, sin que los poderes públicos españoles adopten las medidas necesarias para garantizar el pleno ejercicio de los mismos.

Ante este escenario, hoy más que nunca, debemos hacer nuestros los derechos humanos y exigir y revindicar activamente a los poderes públicos españoles que cumplan con las obligaciones internacionales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Los derechos humanos no han sido nunca una graciosa concesión de los estados. Detrás de cada avance hay una historia de reivindicación y lucha.