«El Ejército marroquí ha penetrado en la franja desmilitarizada del extremo sur del Sáhara para romper el bloqueo al tráfico impuesto hace tres semanas por un grupo de manifestantes saharauis del Frente Polisario». EFE publicaba estas declaraciones de fuentes diplomáticas marroquíes el pasado 13 de noviembre sobre los sucesos de Guerguerat, detonante del regreso a la guerra. Días después, el Frente Polisario informaba a Naciones Unidas de que «la guerra, que el propio Estado ocupante marroquí ha admitido haber iniciado, ha convertido a todo el territorio del Sáhara Occidental en una zona de guerra abierta».
El conflicto armado es una realidad contrastada por la autoridad aeroportuaria de EEUU y Enaire, empresa pública española que gestiona gran parte del espacio aéreo del Sáhara por la condición de potencia administradora de España, advirtiendo ambas del riesgo de volar en la zona.
La Unión Africana y Naciones Unidas han reconocido el retorno a las hostilidades. Pero la inoperancia de la segunda para la solución del proceso de descolonización inconcluso más importante se convierte en algo peor en el caso de España.
El actual ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, cuando era juez de la Audiencia Nacional, reconocía a España como potencia administradora en sus resoluciones judiciales. Hoy, no solo parece haberlo olvidado, sino que repatría a los marroquíes expulsados de Canarias en unos vuelos directos al Sáhara Occidental.
España pretende desligarse de su responsabilidad jurídica en este conflicto, pero la legalidad internacional lo impide. Los senadores que el pasado 10 de marzo aprobaron una moción decidieron usar el término «responsabilidad afectiva», eludiendo las palabras «potencia administradora», que estaban incluidas en la propuesta inicial; en la aprobada, piden a Marruecos y al Frente Polisario «que mantengan la calma y se abstengan de llevar a cabo cualquier acto de violencia, provocación o uso de la fuerza». Una petición que iguala al agresor, Marruecos, que invadió el Sahara en 1975, y lo ocupa desde entonces, con el pueblo saharaui, representado por el Polisario.
En otros conflictos de descolonización, como Angola, Mozambique y Namibia, la comunidad internacional instó a cesar toda asistencia o cooperación militar con las potencias que impedían su descolonización. No satisfechos con el saqueo de los recursos naturales del territorio, le seguimos vendiendo armas; ahora, un patrullero fabricado por Navantia, valorado en 150 millones de euros, que doce entidades hemos denunciado por contravenir la legislación para el comercio de material de defensa.
Estas exportaciones amenazan la estabilidad regional. En Libia y Mali hay guerra. No puede descartarse el riesgo de extensión del conflicto a Mauritania, que ocupa una pequeña porción del Sáhara, y cuyos efectivos militares han sido atacados por Marruecos al ser confundidos con otros del Frente Polisario. El antagonismo entre Marruecos y Argelia es otro riesgo latente y podría inflamarse en caso de que la guerra escalara.
Durante años, la sociedad civil ha denunciado sin éxito este comercio que perpetúa la ocupación del Sahara. Las imágenes de los vehículos militares españoles Vamtac en las ciudades de El Aaiún o Dajla son la mejor evidencia.
La actual correlación de fuerzas políticas dentro del Gobierno debería conducir a un cambio real en la respuesta a la petición formulada por estas entidades en su denuncia, demostrar el compromiso con el pueblo saharaui y la paz de manera auténtica y rechazar definitivamente el envío de esta fragata para evitar los desastres de la guerra.
