Ayer fue sin duda un gran día para el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, que afirmó que había «hecho bien» en prohibir a las oenegés llegar a los puertos italianos. «Y no solo por el tráfico de inmigrantes, sino por lo que está emergiendo también por el tráfico de residuos». La Fiscalía de Catania, en la isla de Sicilia, investiga a 24 personas, la mayoría personal de Médicos sin Fronteras (MSF). También solicitó la inmovilización del barco Aquarius, utilizado por esta oenegé y la francesa SOS Mediterranée para el rescate de migrantes en el mar, bajo la acusación de tratamiento ilegal de residuos considerados peligrosos. La Fiscalía ha dispuesto además el bloqueo de 460.000 euros en las cuentas de MSF, que sería el ahorro por no haber realizado una correcta eliminación de los residuos.
La medida de inmovilización del Aquarius solo se producirá en el momento en el que el barco entre en aguas territoriales italianas o en algún puerto del país, ya que actualmente se encuentra atracado en Marsella. Pero seguro que este pequeño detalle no amargó la felicidad de Salvini. El ministro, que no pierde ocasión para alardear de su xenofobia, es un declarado enemigo de los inmigrantes y de las oenegés que los rescatan de los naufragios.
En esta guerra, Salvini cuenta desde hace tiempo con un leal aliado. El fiscal jefe de Catania, Carmelo Zuccaro, ha sido responsable de varias investigaciones contra las oenegés que operan en el Mediterráneo central para rescatar inmigrantes.
La acusación
La Guardia de Finanza, que junto con la Policía italiana ha conducido las investigaciones, ha establecido «que hubo un tratamiento ilegal de residuos en 44 ocasiones y por un total de 24.000 kilos de desechos». Según las acusaciones, los investigados «compartieron, planificaron y realizaron un proyecto delictivo para la eliminación ilegal de un ingente cuantitativo de residuos peligrosos y con el riesgo de que fueran infecciosos, algunos sanitarios», derivados de las actividades de socorro a inmigrantes con los barcos Vos Prudence (desde marzo a julio del 2017) y Aquarius (desde enero del 2017 a mayo del 2018).
Se les imputa no haber realizado una diferenciación selectiva de los normales residuos y de aquellos considerados peligrosos durante las escalas técnicas y para el desembarco de inmigrantes realizadas en los puertos sicilianos de Catania, Augusta Pozzallo, Trapani, Messina, Palermo y otros puertos italianos. Se trata, señala la Fiscalía de Catania, de «la ropa contaminada que llevaban los extracomunitarios, restos de alimentos suministrados a estos y restos sanitarios infectados utilizados para la asistencia médica».
«Los investigados conocían el peligro de estos restos, como se puede observar en los informes redactados en los que se citaban casos de sarna, VIH, infecciones respiratorias como tuberculosos y meningitis». En las transcripciones de las escuchas, facilitadas por la Guardia de Finanza, se lee que el titular de la empresa MSA, también investigado, proponía precios menores en la gestión de los residuos si no se reconocía que existían posibles restos peligrosos.
MSF condena enérgicamente la decisión de las autoridades judiciales italianas, y se defiende mediante un comunicado en el que asegura que es una medida «desproporcionada», cuyo «único objetivo es criminalizar aún más la acción médico-humanitaria para salvar vidas en el mar». Y asegura que la gestión de desechos en los puertos siempre han seguido los procedimientos estándar.
«Después de dos años de infundadas acusaciones difamatorias de connivencia con traficantes de personas, investigaciones judiciales y obstáculos burocráticos contra nuestra labor humanitaria, ahora nos acusan de formar parte de una organización criminal que tiene como objetivo el tráfico ilícito de residuos. Este último intento de las autoridades italianas para poner fin a cualquier coste a las operaciones humanitarias de búsqueda y rescate es perverso», afirma Karline Kleijer, coordinadora de emergencias de MSF.
«Este clima de repetidos ataques y acusaciones sin base nos ha llevado a los crímenes reales que se ven hoy en el mar: este año, más de 2.000 personas han muerto en el Mediterráneo», concluye Gabriele Eminente, director general de MSF.
