Quizás suene osado poner en duda la democracia en pleno siglo XXI, después de la conquista del derecho al voto de las mujeres y ahora, casi un siglo más tarde, el de las casi 100.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, que lo habían visto cercenado por sentencias de incapacitación. Estas, en vez de establecer los apoyos a medida que cada persona necesitaba -tal y como defendemos desde el movimiento de la la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT)-, también osaban pronunciarse sobre el derecho a sufragio, atacando un derecho personalísimo que hizo que a España nos sacasen los colores en más de una ocasión.

No ponemos en tela de juicio la buena intención del sistema judicial que, con estas sentencias pretendía proteger los derechos de las personas, pero que acabó limitando el de sufragio explicando, y he aquí lo cuestionable, que estas personas podrían ser manipuladas o desconocer qué significaba votar. Y la pregunta es ¿cuántas de las personas que votamos conocemos el funcionamiento de las dos cámaras? ¿Cuántas podemos nombrar todos los cargos de un gobierno, con nombre y apellidos? ¿O cuántas estamos seguras de que nuestra voluntad política va a ser respaldada por quienes nos gobiernan? ¡Hagan sus apuestas!

Pero esto, por fin, ha cambiado, o eso esperamos. Tras la concentración frente al Tribunal Constitucional organizada por Plena Inclusión, junto con el Cermi y Down España, que sirvió como revulsivo para incluir en las agendas mediática y política el caso de Mara y de las 100.000 personas que no podían votar en España, llegó la aprobación en el Congreso -con algún que otro intento de enmienda por en medio- de la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, es decir, la LOREG; lo que permitirá que en las elecciones generales del 28 de abril esas 100.000 personas puedan efectuar su derecho al voto como el resto de la ciudadanía.

Pero todavía queda mucha tela que cortar. Desde el movimiento asociativo de las personas con discapacidad reclamamos que el 2019 sea el año en el que eliminemos las trabas que impiden saber si estamos o no en el censo; las trabas que hacen que nos hagamos un lío con las diferentes papeletas o que no podamos entender cuáles son las medidas que propone cada partido político. En definitiva, reclamamos que las elecciones sean accesibles para toda la ciudadanía. Y vamos más allá, pues creemos que debemos garantizar el acceso de las personas con discapacidad intelectual como representantes políticas en los partidos y, también, en las entidades de discapacidad. Porque, ¿acaso se imaginan un movimiento feminista solo integrado por hombres? ¿O un movimiento obrero encabezado por banqueras y banqueros? La respuesta, muy presumiblemente, es no, del mismo modo que no podemos defender una democracia sin la participación de toda la ciudadanía, en la que se incluye a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.