La recuperación del derecho al voto en España para las personas con discapacidad intectual que estaban incapacitadas judicialmente se ha visto empañada. La Junta Electoral Central (JEC) oficializó la semana pasada una instrucción de cara a las elecciones del 28 de abril para permitir a los miembros de la mesa y a los interventores y apoderados de los partidos apuntar el DNI de personas «con aparente discapacidad» si entienden que no están ejerciendo su derecho al sufragio de forma consciente, libre y voluntaria.

Desde Plena inclusión, la confederación que agrupa a 900 entidades que trabajan con personas con discapacidad intelectual, se calificó como arbitraria una decisión que vulnera la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, «puesto que permite sospechar a interventores y apoderados sobre la manipulación de la voluntad de las personas con discapacidad en la decisión de votar, pero no del resto de los votantes».

Por este motivo, la confederación solicitó este lunes una reunión con la JEC, que decidió modificar la polémica instrucción. Pero este movimiento asociativo considera «insuficiente» la rectificación. La razón, según explica Santiago Villanueva, presidente de Plena Inclusión Aragón, es que «no elimina el punto de la instrucción que hacía referencia a las personas con discapacidad intelectual».

«Aunque se ha abierto a otros electores, sigue siendo discriminatoria», apunta Villanueva, ya que solo aborda la duda sobre el ejercicio del voto libre, consciente y voluntario en un documento que se refiere a las personas con discapacidad intelectual, y no en otro que aborde esta cuestión con el global de los votantes.