Desde la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, en el 2016, la tragedia de asesinatos de líderes sociales no cesa. Más de 900 han muerto, sin respuesta efectiva del Estado. El Ejecutivo de Iván Duque, que afronta su segundo año de mandato, se caracteriza por no aplicar estos acuerdos, suspender las negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y promover el negacionismo en materia de derechos humanos.
La política de nombramiento de cargos en estas materias resulta descorazonadora. Jorge Rodrigo Tovar, hijo del paramilitar Jorge 40, fue designado como director de Víctimas del Ministerio del Interior. Su padre es responsable de 333 masacres, con 1.573 víctimas, y está encarcelado por narcotráfico en Estados Unidos.
El nombramiento de Darío Acevedo como director del Centro Nacional de Memoria Histórica, quien manifestó que «en Colombia no existió un conflicto armado, sino un ataque terrorista al Estado», motivó que la Asociación Minga retirase de esta institución los archivos de 25 años de guerra como protesta.
El senador Iván Cepeda pidió la renuncia del Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, por entender que no desempeña las funciones para las que fue creado el cargo y que «promueve el conflicto armado». Ceballos responsabiliza a Cuba no entregar ni extraditar a los negociadores del ELN, que están en la isla en virtud a unos protocolos internacionales que blindan la negociación, y que el Gobierno pretende desconocer.
La vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, era la ministra de Defensa durante la operación Orión, cuando Ejército, Policía y paramilitares perpetraron en Medellín una de las masacres más negras del país, en el 2002. Ahora recobra protagonismo por llamar atenidos, es decir, que les gusta vivir a costa de los demás, a quienes piden ayudas para sobrellevar la crisis de la pandemia, cuando ella forma parte de la élite política desde 1998. Pero también porque se ha destapado que desde 1997 ocultó el pago de una fianza de 150.000 dólares a su hermano, detenido en EEUU por narcotráfico.
El actual Gobierno es cuestionado por su gestión de la paz y los derechos humanos.Sobre este se cierne la sombra del expresidente Álvaro Uribe, mentor de Duque, procesado por diferentes escándalos e históricamente acusado de vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo.
