Jessica Cisneros es activista por la inclusión y participación ciudadana de la juventud en las diferentes esferas sociales en Nicaragua. Madelaine Caracas es feminista, ecologista y portavoz de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUJD) de Nicaragua. Junto a la socióloga Yerling Aguilera, están recorriendo Europa para explicar los motivos de las protestas que está viviendo su país. Ya han recibido los apoyos de Dinamarca o de la Comisión Europea, y negocian un comunicado de respaldo del Congreso de los Diputados

-¿Cómo estalló la crisis política que vive Nicaragua, la peor en los últimos años?

-Jessica Cisneros: Durante años, antes de que Daniel Ortega llegara al poder, hubo una complicidad entre este y varios partidos políticos de derechas, que hicieron pactos para repartirse distintas cotas de poder. Y a partir de la llegada de Ortega al poder violaron muchos derechos de distintos sectores de la sociedad nicaragüense, como los campesinos, las mujeres , los indígenas o los afrodescendientes. Estos grupos han sufrido especialmente la represión, ante el silencio o la indiferencia de los demás, antes de que en abril se generalizara. Las protestas comezaron a raíz de un incendio forestal en una reserva natural, que el Gobierno no atendió debidamente. Y continuaron con la reforma del seguro social, por el que se iba a quitar el 5% de sus ingresos a los pensionados, y que iba a afectar especialmente a los jubilidados. Ante estas protestas, el Gobierno actuó reprimiéndolas violentamente, enviando turbas de las llamadas Juventudes Sandinistas. Esa violencia ha llegado ya a más de 215 asesinados por la Policía y los cuerpos parapoliciales. Han asesinado a jóvenes disidentes y a cualquier voz crítica con la dictadura de Ortega.

-¿Qué grupos parapoliciales?

-Madelaine Caracas: Estos grupos, de una u otra manera, están bajo la protección de la Policía. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amistía Internacional (AI) han documentado que estos grupos se dividen en dos: las Juventudes Orteguistas (oficialmente, Juventudes Sandinistas), jóvenes de barrios humildes que se aferran a una red clientelista alimentada por el Gobierno; y grupos más especializados que se identifican por usar cascos y chaquetas como los antidisturbios y que se sospecha que son expolicías y exmilitares que defienden al régimen. También se ha documentado que la propia Policía los ha armado. Todos ellos aterran y someten al pueblo nicaragüense.

-Estos grupos parapoliciales, ¿actúan al amparo de alguna ley?

-M. C.: No y, según la constitución, el único cuerpo que puede ocuparse de la seguridad del pueblo nicaragüense es la policía. Pero estos grupos son designados, adoctrinados y armados por el propio gobierno de Ortega.

-¿Quá vincula a los muertos entre sí?

-J.S.: Nada. Son muertes indiscriminadas. No solo han sido asesinados quienes protestan. También lo han sido personas que caminaban tranquilamente por la calle o que estaban en sus casas. Unas de las víctimas más recientes han sido todos los miembros de una familia, a quienes los incendiaron vivos en su hogar, incluyendo niños de pocos años, e incluso de meses. La saña y la crueldad con las que Ortega comanda a estos asesinos ha trascendido cualquier límite. Al principio, muchos de los asesinados fueron estudiantes o jóvenes de los barrios, pero los asesinatos ya no tienen que ver con la ideología política y con la participación en las protestas.

-Pero los estudiantes sí que han tenido un gran protagonismo en estas protestas. ¿Por qué decidieron rebelarse?

-J.S.: En las universidades públicas de nuestro país siempre ha existido un único movimiento estudiantil, la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), que realidad actúa como un brazo más de la fuerza y la represión del gobierno. Quienes lideran estos movimientos son personas de más de 30 años que reciben un sueldo por presidirlos y siguen las mismas prácticas de corrupción. Los estudiantes pedíamos autonomía. No habíamos tenido la oportunidad de organizarnos y, al inicio de estas protestas, lo hicimos. Quizás fuimos la chispa que prendió la llama pero el protagonismo no fue solo nuestro, también estaban los campesinos, los trabajadores, la gente de los barrios...

-AI y la CIDH también han documentado más de 400 detenciones ilegales, ¿qué está ocurriendo con estas personas?

-M. C.: Muchos, algunos menores de edad, han acabado sin orden de detención en El Chipote, un centro de torturas. Algunas familias siguen esperando a sus hijos, a pesar de que tenían orden de liberación. Y otras han recibido llamadas para comunicarles que sus cuerpos estaban en la morgue. Han llegado a aparecer cadáveres en la calle, con signos de tortura, de personas que pasaron por ese penal. Esa cifra fue documentada hace un mes; hoy, probablemente, se duplica.

-¿Qué esperan lograr con la caravana con la que están recorriendo Europa?

-M. C.: Necesitamos romper el cerco mediático que existe en nuestro país. El Gobierno tiene de su parte a los principales medios del país y trata de deslegitimar esta movilización social. Queremos informar a la comunidad internacional de lo que está ocurriendo en nuestro país. Acudimos a instancias diplomáticas y parlamentos para tratar de que ejerzan presión internacional sin llegar a injerencias. Pretendemos que los países se pronuncien claramente sobre la masacre y la violación de derechos humanos que estamos sufriendo en el país. Y mantenemos conversaciones con oenegés.