«La firma de los acuerdos no garantiza la paz en Colombia»

-A un año de la firma de los acuerdos de paz el panorama presenta bastantes incógnitas, ya que la firma de los acuerdos no garantiza la paz. De alguna manera, el diálogo entre Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) garantizó una parte del proceso, pero de la refrendación en adelante ha sido responsabilidad de la sociedad civil blindarlo y garantizar su cumplimiento. En este momento se vienen adelantando conversaciones con otro de los grupos insurgentes, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), pensando en construir una agenda de negociación política.

-¿Cuál es la situación en las comunidades rurales más castigadas por el conflicto?

-La situación en estos territorios es de bastante incertidumbre, porque en la mayoría de las zonas donde había presencia histórica de las FARC ellos eran el poder, se encargaban del control territorial y de organizar la vida cotidiana de las comunidades. Con la salida de las FARC como parte de los acuerdos de paz no existe una figura institucional o de otro orden que se encargue de estabilizar el territorio.

-¿Qué problemas están surgiendo?

-La ausencia de poder local ha generado que en los territorios donde no se presentaban delitos, ahora se presenten robos, abusos, coacciones... ya que antes, de alguna manera, estos eran controlados por los grupos armados ilegales. Adicionalmente, muchas de las comunidades que se veían beneficiadas por el negocio de la compra de la hoja de coca están viendo afectada su principal actividad económica. En las zonas donde hay cultivos de coca, no hay más. Los campesinos no están sembrando otros productos porque existen barreras que dificultan el proceso de comercialización. Al mismo tiempo hay una fuerte preocupación por el aumento de asesinatos de líderes sociales. Parte de la apuesta de los acuerdos de paz es lograr la protección de la vida de las comunidades y en particular de las personas que representan a las comunidades organizadas. Un líder social asesinado representa un proceso comunitario destruido y una pérdida de credibilidad en el proceso de paz.

-El primer punto del acuerdo de paz con las FARC es la reforma rural integral. ¿Qué iniciativas se están llevando a cabo para su cumplimiento?

-Una de las estrategias que ya viene tomando forman tiene que ver con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que buscan organizar territorios afectados por el conflicto armado de tal manera que, mediante la inversión institucional y de otros actores como la cooperación internacional, se pueda fortalecer el campo y en particular las zonas que durante mucho tiempo se vieron afectadas por el conflicto armado. Hay 180 municipios identificados como referentes de construcción de estos procesos de desarrollo territorial y ahora se viene definiendo cuál va a ser este tipo de apuestas en materia de infraestructura social y fortalecimiento tecnológico y productivo que facilite la mejora de las condiciones de vida de la población rural, haciendo énfasis en las mujeres. Todo esto implica definir rutas de comercialización y sistemas locales de producción que mejoren los ingresos de sus habitantes. También se han creado una serie de instituciones como la Agencia para la Renovación del Territorio, encargada de implementar los PDET, o la Agencia de Desarrollo Rural, que tiene la tarea de organizar los catastros rurales.

-¿Cómo está siendo la integración de los guerrilleros en los planes de desarrollo y en la sociedad civil?

-En el marco de los acuerdos, se establece una manera diferente de cómo ellos van a estar participando de este proceso. La guerrilla de las FARC estableció la construcción de una cooperativa que se llama Ecomún, en la cual van a afiliar a todos sus integrantes y que va a ser la más grande del país. El trabajo que ellos vienen haciendo en estos momentos son procesos de formación en cooperativismo y emprendimiento, principalmente en líneas productivas agrícolas. La integración con la población campesina se ha venido haciendo de manera muy residual. En la mayoría de territorios que sufrieron el rigor de la guerra, el «sí» a los acuerdos de paz fue mayoritario ys el acogimiento de excombatientes no se ve como algo negativo.

-¿De qué manera contribuiría el desarrollo rural a lograr la paz en Colombia?

-Parte del conflicto estuvo asociado a la propiedad de la tierra, y parte de la respuesta institucional tiene que ver con garantizar la restitución de tierras a población campesina que por la fuerza o mediante otro tipo de recursos tuvieron que entregarlas a terceros a través de grupos armados ilegales. Cuando analizamos el tema del despojo de la tierra se entiende que el campo tiene un papel importante en la comprensión de país y en la construcción de la paz. Entendernos como un país rural implica pensar en apuestas a medio y largo plazo que garanticen proyectos de vida digna para la población rural. Digamos que lo que se discute sin plantearlo de manera directa es el tipo de país que se quiere construir. Creer en lo rural implica creer en el potencial de Colombia como país.

-¿A qué retos se enfrenta el proceso?

-Si bien la firma de los acuerdos garantiza el fin de los asesinatos, las confrontaciones o la vinculación de la población civil al conflicto armado, hay otros fenómenos que no han sido controlados que generan riesgo para las comunidades rurales. Uno de ellos es el paramilitarismo, ya que se ha detectado un aumento de la presencia de grupos armados que tienen como principal tarea sostener el negocio del narcotráfico y ejercer control social sobre comunidades y líderes sociales. Un segundo reto tiene que ver con el manejo del Gobierno de la sustitución de cultivos ilícitos, otro de los puntos del acuerdo, ya que hasta ahora se centra en la erradicación y no en la reformulación de proyectos productivos que reemplacen el cultivo de la hoja de coca y permitan garantizar unos mínimos recursos a los campesinos. El tercer gran reto es la inversión en infraestructuras para acceder a redes de comercialización y a servicios como la educación o la salud. El estado tiene que llegar a las zonas rurales con una infraestructura social que dé respuesta a sus necesidades para romper el ciclo de desigualdad social que fue germen de los grupos armados y del conflicto. Tenemos un momento histórico de muchas posibilidades para la transformación del país, siempre y cuando haya voluntad política y un engranaje institucional realmente comprometido.