El próximo 11 de septiembre podría ser el día en que el periodista turco Hamza Yalçin sea extraditado desde España a Estambul, si las autoridades españolas acatan la petición de Ankara. Acusado de insultar al presidente Erdogán y de vínculos con el terrorismo, Yalçin podría enfrentarse a penas de prisión de decenas de años, como tantos periodistas en Turquía. No sería el primer periodista asesinado, como lo fue Hrant Dint en el 2007, o la más reciente y sospechosa muerte de la periodista británica Jacquelin Suttton.

El periodismo es una de las mayores víctimas de la intentona golpista del 2016. Las autoridades lanzaron una campaña de represión contra medios y periodistas esgrimiendo la ley antiterrorista y el estado de emergencia. Las cifras hablan por sí solas: 160 medios cerrados, 775 carnets de prensa anulados, cientos de pasaportes de informadores retirados, 2.500 despedidos y más de 150 periodistas presos. En Turquía, ejercer el periodismo en libertad es tarea harto difícil, por no decir imposible y el único camino que les queda a los profesionales de la información es el del exilio. O así lo creíamos. Pero la mano del sultán Erdogan es tan alargada como para llegar desde el Bósforo hasta Barcelona.

Hamza Yaçin fue detenido el pasado 3 de agosto en el aeropuerto de la capital catalana a petición de Turquía cuando iba embarcar con destino a Londres. La Audiencia Nacional decretó prisión «por existir riesgo de fuga al carecer de arraigo en España», y desde entonces está en prisión, aunque en mejores condiciones que estaría en su país si el Gobierno español concede la extradición que presuntamente va a pedir Turquía.

Tan polémica y escandalosa como la detención de Yaçin en Barcelona lo fue la del escritor turco-alemán Dogan Akhanli, con la diferencia de que este último ha tenido mejor suerte en la Audiencia Nacional, que decretó su libertad provisional con retirada de pasaport. Los criterios de los jueces Andreu y Moreno obedecen a distintas interpretaciones de casos idénticos. Ambos están sujetos a que Turquía solicite su traslado en un plazo de 40 días -según estipula el Convenio Europeo de Extradición-, que finaliza el próximo 11 de septiembre.

Es difícil comprender cómo el Gobierno español permite la detención y encarcelamiento de un ciudadano con nacionalidad sueca cuando, de mediar sospechas fundamentadas de actividades terroristas, lo lógico hubiera sido remitirlo a Suecia para ser allí investigado y, en caso afirmativo, encarcelado. En palabras del propio Yalçin, «Erdogan es conocido mundialmente por su intolerancia extrema contra la prensa independiente y crítica con él. Me sorprendió que España ayudara a Turquía en este asunto». La presidenta en funciones de la sección española de Reporteros sin Fronteras, Macu de la Cruz, expresa el apoyo total de nuestra organización tanto a Yalçin como a Akhanli al decir: «en este sentido, lo último que quisiéramos es ver a España ejerciendo, directa o indirectamente, de carcelero de Erdogán».