«Las Cortes tendrían que acelerar la ley de renta básica»

-La Plataforma de Voluntariado de España, o en la que se integran las oenegés, así como entidades singulares como Cáritas, Cruz Roja o el Secretariado Gitano, o la Red Europea de Lucha contra la Pobreza… Todas ellas coincidían en que había muchas líneas de convergencia a la hora de defender los derechos, obligaciones y necesidades de las entidades del tercer sector y de las personas a las que representan. Muchas veces, la incidencia se hacía de forma parcializada, y aunque el discurso fuera el mismo, la Administración nos decía que estábamos pidiendo cosas diferentes. Y la plataforma estatal fue la respuesta del tercer sector.

Hubo una necesidad después de replicarla en los territorios, y Aragón fue una de las primeras comunidades en hacerlo, a los dos años.

-Desde que existen las plataformas estatal y autonómica, ¿han notado ustedes si ha mejorado en algún aspecto esa capacidad de incidencia política?

-A nivel estatal, la plataforma es un interlocutor válido reconocido por los diferentes ministerios a la hora de incidir en determinadas políticas. Y, quienes estamos representados en la plataforma aragonesa, también, pero a título individual, como organizaciones. Como plataforma estamos empezando ahora a desarrollar ese tipo de labor. Antes nos pregúntabamos: ¿por qué las entidades de la exclusión no van a defender los intereses de la discapacidad? Solo que hasta ahora no nos habíamos dado un foro para hacerlo.

-La incidencia de la plataforma va más allá de las políticas sociales. ¿Cuál es la agenda social que defiende?

-La agenda social se construye muchas veces solamente en base a las políticas sociales. Pero la política educativa, o la de empleo, por ejemplo, están directamente relacionadas con lo social. En función de cómo se eduque a los futuros gestores, o a los futuros ciudadanos, eso afectará a las políticas sociales. O, las medidas laborales que se plateen para aquellas personas que fracasan en los procesos educativos, ¿son solo políticas de empleo? ¿O son también sociales?

Las consecuencias de una política de vivienda que no sea redistributiva las vemos después reflejadas en el endeudamiento de las familias, y eso tiene una incidencia directa en su capacidad de consumo, y también en la agenda social. Incluso la Política Agraria Común (la PAC de la Unión Europea) también tiene consecuencias sobre el desarrollo territorial, y sobre las necesidades específicas que tienen los ciudadanos que habitan en el medio rural.

-Precisamente, ahora que usted hace mención del medio rural, en el campo de lo social, ¿con qué desventajas parten los ciudadanos aragoneses que viven en los pueblos pequeños, frente a los que viven en ciudades o cabeceras de comarca?

-De entrada, las infraestructuras no están reequilibradas. Zaragoza se come una parte muy importante de las políticas sociales, y es imposible que no lo haga, porque es una gran ciudad. Pero tiene tanto peso demográfico que distorsiona las estadísticas y parece que en Aragón esté todo bien redistribuido. Pero no es así, y tanto la ruralidad como la alta montaña son dos factores que tendrían que aplicarse como correctores en las políticas fiscales y sociales, ya que impiden que pueda haber ni tan siquiera unos mínimos servicios sociales en algunos pueblos. Esos espacios configuran una gran dificultad a la hora de gestionar los servicios. Esa condición debe ser tenida en cuenta por el Estado a la hora de establecer políticas sociales. Es necesario acercar esos servicios al ciudadano porque lo asientan en el territorio. Si no, la ciudadanía rural y de alta montaña, parten desde una posición de desventaja, igual que la insular. Y, además, si no se han activado políticas de empleo para acercar el trabajo al ámbito rural, todo lo demás va detrás.

-Como testigos privilegiados de la realidad social de Aragón, ¿ha acabado realmente la crisis, como indican las cifras macroeconómicas?

-Desde un punto de vista macroeconómico estamos en la senda positiva. Pero otros indicadores, como el índice de Gini, muestran que la desigualdad ha aumentado. Es decir, han crecido las desventajas de las personas más pobres frente a las más ricas. Algunos han salido de la crisis. Pero para los que estaban en una situación de vulnerabilidad se ha agrandado más la brecha social.

-¿Apoya la plataforma la necesidad de una ley de renta social básica?

-Nosotros pedimos que se paralizara la propuesta que se hizo en la anterior legislatura. En la que se está elaborando ahora, hemos sido actores principales en los procesos participativos para su elaboración, y mejora sustancialmente el proceso de inserción social de la anterior. Miembros de la plataforma del tercer sector como la Red Aragonesa para la Inclusión y Cáritas han sido muy beligerantes reclamándola, por eso estamos muy expectantes ante su aprobación, y si esta se dilata tendremos que pedirle a las Cortes que aceleren. Es verdad que no estamos en una situación de emergencia porque este Gobierno de Aragón aumentó presupuestos para cubrir las necesidades de las personas perceptoras del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI). Pero tampoco se han podido poner en marcha todavía los itinerarios de inserción que prevé la ley de renta básica, que es la principal ventaja que aporta sobre el IAI.

-A las puertas de otra campaña del IRPF, ¿qué le piden a los aragoneses que hagan con la casilla del 0,7%?

-Vamos a hacer una campaña a nivel estatal. Hay que recordarle a la ciudadanía que es el único impuesto voluntario y que va directamente a fines sociales. Es complementario al de la Iglesia, y se pueden sumar las dos casillas. Y debemos ser solidarios, dada la importancia de los servicios sociales que ahí se ven afectados. Las entidades que integramos la plataforma estatal del tercer sector recibimos mucho de los españoles, pero todavía recibiríamos mucho más si todo el mundo marcara esa X, pasando de 300 a 500 millones.

-Y hay que recordar que marcar esa X no te suma un 0,7% más de impuestos, como cree alguna gente.

-Al revés. No te detrae nada de lo que pagas ni de lo que recibes.