La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo de España y sus 17 federaciones autonómicas alertan del riesgo que supondría recortar las partidas que los gobiernos regionales destinan a cooperación internacional, justo cuando más necesaria es.
Esta es la principal advertencia de la Red de Coordinadoras Autonómicas de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo tras la elaboración del Informe sobre Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) Autonómica , un análisis que ofrece una fotografía sobre el compromiso de las comunidades autónomas con la cooperación. Presentado hace unos días, este estudio revisa y analiza los datos de ejecución de los presupuestos de los años 2018 y 2019 y realiza algunas propuestas para mejorar la AOD descentralizada española.
El informe presenta más sombras que luces: la tendencia a la recuperación se mantiene desde el 2015, aunque con mucha timidez. En algunos casos, el punto de partida es tan bajo que el cambio apenas se percibe en términos porcentuales. Con una media de 0,11% de los presupuestos autonómicos destinado a cooperación en el 2019, y del 0,10% el año anterior, el estudio muestra que los fondos se encuentran muy lejos del compromiso del 0,7%.
Esa recuperación «es claramente insuficiente, sobre todo en un momento en el que la crisis provocada por la pandemia exige respuestas firmes que frenen las desigualdades y la pobreza», sostiene la coordinadora estatal en un comunicado.
En términos absolutos, el presupuesto de la cooperación autonómica registra un crecimiento total de poco más de 12,3 millones de euros del 2018 al 2019 y de 30 millones de euros del 2019 al 2020. El aumento presupuestario acumulado desde el 2015 supone unos 114,5 millones de euros.
Si se suma el presupuesto ejecutado por todas las comunidades autónomas en el año 2019, el conjunto de la AOD autonómica ascendió ese año a 209,2 millones de euros. Muy lejos de la suma del mejor dato histórico de todas las autonomías, que alcanzaría casi 500 millones.
Como muestran las cifras del informe, tras varios años de caída en picado en un contexto de crisis entre los años 2010 y 2014, la asignación presupuestaria de la cooperación autonómica inició una tímida recuperación a partir del 2015. Ese mismo año, Naciones Unidas adoptó los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Se plantearon así nuevos retos en la forma de abordar las desigualdades, la pobreza y la insostenibilidad en todo el mundo.
Cinco años más tarde, la sociedad nuevamente se enfrenta a un contexto sumamente complejo que plantea un dilema vital: poner al planeta y a las personas primero o rescatar una economía basada en la depredación y en la exclusión.
El compromiso internacional de «no dejar a nadie atrás», recogido en los ODS como eje central de su marco de actuación, requiere un esfuerzo político y económico por parte de toda la comunidad internacional. A día de hoy, se estima que para cumplir con los ODS se necesita destinar un 2% del Producto Interno Bruto (PIB) global anualmente. Por ello, «es importantísima la movilización de recursos públicos de la comunidad de donantes destinados a AOD en coordinación con los recursos de los países en desarrollo», sostiene la coordinadora de oenegés.
Además de lo anterior, han de tomarse «otras medidas en relación con la obtención de recursos adicionales, por ejemplo, el establecimiento de sistemas fiscales progresivos y redistributivos y la lucha para la erradicación de los paraísos fiscales y el flujo ilícito de capitales en coherencia con la Agenda de Acción de Addis Abeba». Adoptada en el 2015, establece una base sólida para apoyar la implementación de la Agenda 2030 y proporciona un nuevo marco global para la financiación del desarrollo sostenible al alinear todos los flujos y políticas de financiación con las prioridades económicas, sociales y medioambientales.
En este contexto y, como reconocía recientemente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la cooperación autonómica juega un papel importante en el avance hacia la consecución de los ODS, y abre una ventana de oportunidad para los gobiernos en unas relaciones más horizontales, recíprocas, igualitarias y de mutuo beneficio con instituciones de otras latitudes.
Este tipo de cooperación también contribuye a dar un cambio de rumbo y poner las políticas públicas, en particular la política de cooperación, al servicio de las personas y del planeta en la recuperación de la crisis generada por el covid-19.
Sin embargo, la tendencia a la nula o tímida recuperación le hace dar la voz de alerta a la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo. Advierte del riesgo de que, en el contexto actual, la política de cooperación pueda ser nuevamente utilizada como moneda de cambio y que, con la excusa del «primero los de aquí» se reduzca significativamente su presupuesto, como ya ha ocurrido a nivel municipal en Zaragoza. «Esto sería un gravísimo error, porque si algo ha demostrado la pandemia es que todo el mundo sale de esto o no sale nadie», concluye el órgano de representación de las oenegés españolas.
