En un momento de gran trauma psicológico, las víctimas deben afrontar también una dura decisión, y aún más difícil si el ataque ha sido en el ámbito familiar. La ley acepta tanto una suerte de venganza (el ghesas) como el perdón al agresor, así como penas de cárcel que se están aumentando y el pago del llamado dinero de sangre.

El ghesas consiste en inyectar con una jeringuilla una pequeña cantidad de ácido en el agresor, en las mismas zonas del cuerpo que la víctima tiene desfiguradas. Aunque está recogido en la ley, implica una serie de dificultades y los médicos se niegan en general a implementarlo.

«Hasta día de hoy no se ha aplicado ningún ghesas, solo el diye (dinero de sangre) y las penas de cárcel», que no son un alto castigo, aclara el abogado Morteza Salimí, que colabora de modo altruista con la Asociación de Apoyo a Víctimas de Ataques con Ácido. En la mayoría de los casos no es posible aplicar un daño igual al provocado. Los médicos optan por no efectuarlo, ya que ellos serían los responsables.

La mayoría de las víctimas rechaza el ghesas y perdona a sus agresores o no denuncia, sea por convicción o forzada por su familia. Arezu perdonó a su tía para no tener «cargo de conciencia». Su madre y hermanas también lo hicieron y la agresora pasó tres años en la cárcel y ya está en libertad. Una pena «muy reducida para semejante violencia», opina.

Mortazaví no perdona. Su agresor no está arrepentido -durante el juicio le espetó: «Te mereces lo que te he hecho»- y cree que los tres años que estuvo entre rejas y el diye pagado no es suficiente castigo. «Yo quiero que se le aplique el ghesas, pero el Poder Judicial todavía no ha ordenado su ejecución», se queja.