Ya se pueden adquirir o consumir productos de comercio justo en 53 edificios públicos gestionados por el Gobierno de Aragón. Estas dependencias comprenden desde hospitales y centros de salud hasta oficinas de Hacienda, pasando por el centro principal de producción de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión o por equipamientos culturales, como el Instituto Aragonés de Arte Contemporáneo Pablo Serrano.

Este es uno de los principales datos que se desprende del Informe Comercio Justo y Contratación Pública en las Administraciones de la Comunidad Autónoma de Aragón desarrollado por la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) para el Gobierno de Aragón, que acaba de hacerse público.

Dicho estudio analiza las cláusulas de comercio justo existentes en los procesos públicos de licitación convocados por los departamentos del Ejecutivo autonómico, así como por los distintos organismos (empresas públicas, fundaciones...) adscritos a la DGA. El periodo estudiado abarca desde el año 2012 al 2017, fecha en la que entró en vigor la reforma de la ley de contratos del sector público, que abrió la puerta a la inclusión de cláusulas sociales en los pliegos, las cuales permiten incluir la exigencia de suministros procedentes del mercado equitativo en las licitaciones de, por ejemplo, máquinas de café o explotación de cafeterías.

El objetivo del estudio, según explica Javier Parcero, responsable de este tipo de productos en la FAS, «es dar visibilidad a la situación del comercio justo en la contratación pública de la comunidad autónoma, en aras de trabajar por implementar su participación en las licitaciones». De este modo, se ha logrado obtener una base de datos sobre cuál era el punto de partida antes de la entrada en vigor de la citada reforma legal del año 2017. Esta permitirá, en el futuro, «conocer si las políticas orientadas a la inclusión de cláusulas sociales de comercio justo han tenido éxito, o no», puntualiza Parcero.

Por el momento, estos productos, elaborados en países en vías de desarrollo de acuerdo a los estándares sociales y medioambientales fijados por el Parlamento Europeo, se pueden encontrar en 53 edificios autonómicos de nueve localidades (las tres capitales de provincia más Alcañiz, Barbastro, Monzón, Fraga, Jaca y Sariñena).

Esto es así pese a que «el Gobierno de Aragón no tiene ninguna normativa que exija que en todas las máquinas de vending el café sea de comercio justo, como sí ocurre en el Ayuntamiento de Zaragoza», expone Parcero. «Deberían hacerlo cuanto antes, y más ahora, cuando las leyes europea y española lo facilitan», añade.

El informe concluye que «queda un largo camino por recorrer en aras de otorgar un papel relevante al comercio justo en la contratación pública», ya que «este tipo de cláusulas, a pesar de ser valoradas positivamente, son anecdóticas y residuales en el contexto general de la contratación pública dependiente de la comunidad autónoma aragonesa». Un ejemplo son las contradicciones que muestran algunos pliegos de contratación, como el de las máquinas expendedoras de bebidas del sector sanitario I de Zaragoza, que especifica cómo han de publicitarse los productos de comercio justo, y sin embargo no obliga a la empresa licitadora a incluirlos, y ni tan siquiera valora positivamente el hecho de lo haga.