El 5 de agosto del 2004, en la vereda de Caño Seco, municipio de Saravena, tres destacados dirigentes sociales fueron asesinados por el Ejército colombiano: Leonel Goyeneche, Héctor Alirio y Jorge Eduardo Prieto.

El día del aniversario, nuestra caravana se unió a otra de camionetas, motos, buses y personas que se dirigían hasta la casa donde murales de las víctimas y una placa conmemorativa recuerdan la masacre en el lugar donde fueron asesinados a sangre fría. En uno de los muros se lee «su único delito: haber defendido la dignidad y los derechos de un pueblo».

Antes de su asesinato habían tenido una reunión para evaluar la crítica situación de los derechos humanos en Arauca, un departamento conocido por su resistencia a asesinatos selectivos, falsos positivos, masacres, tomas y persecución. En aquella madrugada, poco antes del amanecer, miembros de las fuerzas armadas los acribillaron y después fueron presentados como guerrilleros muertos en combate. Por aquellos hechos han sido condenados varios soldados y un subteniente.

La profesora María Raquel Castro, testigo de la masacre en la casa, fue detenida y encarcelada acusada de rebelión. Después de tres años encerrada, la Justicia la liberó. Este es un terrible ejemplo de combinación de masacre perpetrada por el Ejército y judicialización de líderes que persigue la desmovilización de la protesta social.

El año pasado conocimos el caso de Milena Quiroz y otros líderes del Sur de Bolívar, también acusados de rebelión. La Fiscalía argumentó que Milena debía estar presa porque promovía y organizaba marchas «de alta peligrosidad al orden del Estado, al orden de la seguridad». Después de 8 meses recuperó la libertad, aunque su caso sigue abierto.

Este año, Julián Gil, secretario técnico del Congreso de los Pueblos, fue detenido y permanece en prisión desde junio acusado de tenencia de explosivos. Desde la prisión declaró que «la Fiscalía, junto con la Policía, busca deslegitimar nuestras organizaciones sociales, populares y comunitarias. Señalar, perseguir y silenciar a todas aquellas voces que se resisten al saqueo de nuestros territorios y optan por la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza». Desde Colombia, donde pensar diferente tiene un alto coste, sus compañeros reivindican su inocencia y exigen parar la estrategia de judicialización y criminalización de las organizaciones sociales.