La extracción, procesado y venta del coltán y otros minerales en el Congo, en manos de grupos armados y de crimen organizado, se ha convertido en una pesadilla para el país. Ya ha dejado más de cinco millones de muertos desde el 2008, varios millones de personas desplazadas y más de cien mil mujeres violadas cada año. Unos minerales manchados de sangre, que llegan a nuestros manos y sobre los que la Unión Europea está tratando de legislar.

Así, tras tres años de intensas negociaciones, en marzo del 2017, Europa aprobaba una regulación sobre el suministro responsable de minerales en conflicto (especialmente los denominados 3TG: estaño, tantalio, tugsteno y oro).

Pese a ser una normativa con alcance global y afectar a los minerales procedentes de cualquier lugar en conflicto, todavía tiene un vacío: solo afectará a los importadores directos de mineral. Es decir, deja fuera a las empresas que importan componentes electrónicos y aparatos manufacturados con dichos componentes, como sucede con ordenadores, móviles o tabletas.