«Muchas voces apuntan al desmantelamiento de la cooperación»

-Sí, aún recuerdo las multitudinarias acampadas en el paseo Constitución de Zaragoza, allá por 1994 (fecha en la que además comenzamos a publicar nuestro informe anual La realidad de la ayuda), para reclamar que se cumpliera el compromiso adquirido 20 años antes en la ONU de dedicar el 0,7% del PIB a programas de cooperación al desarrollo para países empobrecidos. Pero, 24 años después, en el 2018, nuestro país se quedó en el 0,20% de la Renta Nacional Bruta (RNB), por debajo del porcentaje de 1990. Este gran descenso ha dejado la ayuda oficial al desarrollo en tan solo 2.186 millones de euros. Son muchas las voces que apuntan al desmantelamiento de la política de cooperación, sobre todo en 2013-2014, que tocó suelo.

-¿Cómo ha evolucionado la ayuda oficial al desarrollo española?

-En el último decenio, España ha reducido su ayuda al desarrollo hasta cinco veces más que ningún otro país miembro del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE. Frente a un incremento total del 24,5% en el CAD, en España ha descendido el 55,7% entre el 2008 y el 2018. Es el dato más negativo del conjunto de los miembros del CAD-OCDE y el único descenso en la Unión Europea. Nuestro país está a la cola de los donantes de la OCDE, solo por delante de Estados Unidos y los países de Europa del Este, y lejos de la media de los donantes del CAD, con el 0,31%. Más aún de la media europea, del 0,47%, con países como Dinamarca y el Reino Unido, uniéndose ya al club del 0,7%.

-¿Y la ayuda humanitaria?

-Del 2008 al 2017, la ayuda humanitaria acumula un descenso del 81,4% (de 298 a 51 millones de euros), mientras las necesidades humanitarias reflejadas en los llamamientos de Naciones Unidas se han más que triplicado (de 7.200 millones de dólares a más de 25.000).

-Si los distintos gobiernos se han permitido hacer esto, ¿es quizás porque no les pasa factura en las urnas?

-Este panorama presupuestario, dramático de por sí, refleja un desinterés político notable. Puede que los partidos apenas la mencionen en sus discursos electorales, pero la cooperación es crucial para fomentar los derechos humanos, la sostenibilidad y la paz. Vivimos en un mundo interconectado y lo que pasa en un lugar tiene mucho que ver con lo que ocurre en nuestros barrios o entorno más cercano. Encarar una realidad de estas características exige análisis integrales, acciones coordinadas internacionalmente y respuestas de raíz. La responsabilidad de todo ello es compartida. Por eso, la ciudadanía debemos estar vigilantes y recordar a los políticos que es hora de ponerse manos a la obra. Puede que no aparezca como protagonista en sus debates, pero dos tercios de la población de nuestro país tienen claro que esto es urgente.

-Con unos niveles tan bajos de inversión, ¿creen factible que el porcentaje destinado a cooperación se sitúe en el promedio europeo del 0,5% al término de la legislatura, tal y como pide Oxfam?

-El nuevo Gobierno tendrá sobre sí muchas miradas. Sus socios internacionales esperan un giro de 180 grados que permita a España unirse de verdad a los países que están liderando la Agenda 2030 del desarrollo sostenible. Las expectativas sobre la voz y el papel político de España son muy altas.

-Además de cumplir con un deber ético, situarse como uno de los principales donantes, ¿qué beneficios tendría para España en el tablero político internacional?

-España quiere ocupar un papel destacado en la escena internacional, formar parte de la locomotora europea junto a Francia y Alemania y ayudar en la consolidación de la próxima fase de la UE. Quiere además ser una potencia líder en desarrollo sostenible, algo en lo que ha dado ya pasos firmes, haciendo de la Agenda 2030 y del trabajo por la igualdad entre hombres y mujeres sus señas de identidad. Todo lo anterior exige una España que se sitúe en una posición de vanguardia en la cooperación internacional, y vuelva a ser un socio confiable para aliados y países socios.

-Oxfam Intermón considera que la Agenda 2030 es una gran oportunidad para que España aúne su agenda doméstica e internacional en torno al desarrollo sostenible. ¿Qué pasos deberían darse?

-Así es. Para ello, propone una vicepresidencia de Desarrollo Sostenible, donde se integren la cooperación al desarrollo y una apuesta estratégica basada en la defensa de los derechos humanos, la lucha contra la desigualdad y la justicia de género. La cooperación española requiere de una transformación profunda. Debe repensarse en el nuevo contexto global definido por la Agenda 2030 y los desafíos globales de la crisis ecológica y de desigualdad. La ventaja para España es que puede aprender de los cambios vividos esta década en otros países. El asunto ya no es solo ayudar a quienes sufren crisis, defender derechos, fortalecer instituciones y promover el desarrollo sostenible en los países más vulnerables. Es afrontar juntos los retos de la humanidad que afectan, así sea de manera diferente, a la población española, a la de Burkina Faso o a la de Colombia.

-¿Qué ha ocurrido mientras tanto en las instituciones aragonesas?

-Aragón se encuentra en el puesto número doce de las diecisiete comunidades autónomas analizadas, es decir, la quinta por la cola. Por lo tanto, todavía queda mucho por andar para alcanzar ese 0,7%. Al igual que España, Aragón debe ocupar el puesto que le corresponde a nivel nacional por su capacidad económica. Tras su desplome, la recuperación en los últimos años ha sido ligera. Según el último informe que elaboramos desde la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS), se alcanzó el 0,11% en el 2017. La Administración que proporcionalmente dedica más fondos a estas cuestiones sigue siendo la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), con un 0,66% del presupuesto; y, por tanto, alcanzando casi el 0,7%. Por último, quiero señalar una iniciativa plausible por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, que aprobó en el 2017 una declaración institucional que instaba a todos los grupos municipales a suscribir un pacto por la cooperación al desarrollo en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y el año pasado, a propuesta de la FAS, todos los grupos de las Cortes de Aragón firmaron un pacto análogo.