Ante el covid-19, todos somos vulnerables. El coronavirus ha demostrado que no discrimina, pero muchas personas apátridas y migrantes todavía corren un mayor riesgo, si cabe. Aunque el número de casos notificados y confirmados de esta infección entre las personas refugiadas sigue siendo relativamente bajo, más del 80% de ellas, y casi todas las desplazadas internas, viven en países de ingresos bajos o medios, muchos de los cuales ya tenían antes de esta crisis unos sistemas de salud, agua y saneamiento bastante débiles. Las organizaciones de ayuda internacional que trabajan con refugiados en campamentos y ciudades piden apoyo urgente para este colectivo.
«La alta densidad de población y las condiciones de vivienda inadecuadas, incluidos los asentamientos urbanos, informales y sobrepoblados, significan que las medidas para prevenir y responder al covid-19, como la cuarentena y el distanciamiento social, simplemente no son posibles. Por lo tanto, las poblaciones obligadas a vivir en esos lugares tendrán dificultades para protegerse del coronavirus», explica la directora global de operaciones humanitarias de la oenegé World Vision International, Isabel Gomes.
Además, los menores ya no pueden acceder a muchos de los servicios de los que disfrutaban antes de este brote. «El covid-19 amenaza no solo con afectar directamente a los niños y niñas, sino que también actúa como un importante multiplicador de amenazas a la protección infantil, como violencia física y sexual, explotación y abuso, matrimonio infantil, trabajo infantil y violencia de género», alerta Gomes, quien afirma que «también es probable que esta pandemia aumente el número de menores separados y no acompañados, ya que los cuidadores mayores tienen un alto riesgo de mortalidad por el virus».
No es menor la intranquilidad con la que Filippo Grandi, alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, está viviendo esta situación. «Estoy profundamente preocupado por esta pandemia sin precedentes y su impacto en las personas refugiadas y sus comunidades de acogida. La crisis del covid-19 ya ha tenido consecuencias significativas para nuestras operaciones, obligándonos a ajustar rápidamente nuestra forma de trabajar. Sin embargo, no escatimamos esfuerzos para ayudar y proteger a los refugiados de la mejor manera posible en estas difíciles circunstancias».
De este modo, ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, está tomando medidas como el refuerzo de los sistemas y servicios de salud y de agua y saneamiento, incluso mediante la distribución de jabón y la mejora del acceso al agua. Y está apoyando a los gobiernos en la prevención de contagios y en la respuesta sanitaria, incluso mediante el abastecimiento de equipos y suministros médicos.
Este organismo internacional también está distribuyendo entre los refugiados materiales para cobijo y artículos de ayuda básicos, brindándoles orientación e información práctica fundamentada acerca de las medidas de prevención y ampliando la asistencia económica en efectivo para ayudar a mitigar el impacto socioeconómico del covid-19.
Al mismo tiempo, ACNUR está trabajando con sus socios de la ONU para encontrar soluciones a los problemas logísticos ocasionados por la interrupción de la capacidad productiva y los cierres de fronteras. Uno de los modos en los que lo hace es aumentando las adquisiciones de bienes y servicios a nivel local y regional, y organizando puentes aéreos.
«Continuaremos ampliando nuestras intervenciones cruciales en el terreno. Pero para ello en estos momentos necesitamos contar con un apoyo financiero oportuno y no condicionado, incluso para las operaciones humanitarias en curso. El apoyo internacional coordinado es de interés común y resulta absolutamente crucial», sentencia Filippo Grandi.
Asimismo, en la agencia de las Naciones Unidas que dirige Grandi aseguran que están mejorando el monitoreo y las intervenciones para garantizar que se respeten los derechos de las personas desplazadas forzosas. E inciden en que esta enfermedad solo puede controlarse si existe un enfoque inclusivo que proteja los derechos de toda persona a la vida y la salud. Y recuerdan que los migrantes y refugiados son desproporcionadamente vulnerables a la exclusión, el estigma y la discriminación, especialmente cuando están indocumentados.
«Para evitar una catástrofe, los gobiernos deben hacer todo lo posible para proteger los derechos y la salud de todos. De hecho, proteger los derechos y la salud de todas las personas ayudará a controlar la propagación del virus», advierten desde ACNUR.
Por ello hacen hincapié en que «es vital» que todos los migrantes y refugiados tengan garantizado el mismo acceso a los servicios de salud que el resto de la población y se incluyan efectivamente en las respuestas nacionales al covid-19, incluyendo la prevención, las pruebas y el tratamiento. Su inclusión no solo les protegerá ellos, sino que también mejorará la salud pública y frenará la propagación de la pandemia.
Ahora más que nunca, dado que el covid-19 representa una amenaza global para toda la humanidad, el principal enfoque de los estados debería ser la preservación de la vida, independientemente del estatus de cada persona, sin dejar a nadie atrás.
